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Enrique Peña Nieto realizó cambios en el Gabinete Federal

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img_1455007864_56fe27024c903b964dceCIUDAD DE MÉXICO (Apro/SinEmbargo/Universal/El Financiero).- Entre un escándalo de corrupción y una amenaza sanitaria, el presidente Enrique Peña Nieto, realizó ajustes en su gabinete legal y ampliado, que sin embargo no trastocan a los grupos de poder representativos de su gobierno: el salinismo y la elite de la “bata blanca” que domina desde hace décadas al Sector Salud.
Mercedes Juan López, quien hasta ayer se desempeñó en la secretaría de Salud, fue removida y en su lugar se nombró titular de la dependencia al exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles.
Además, Emilio Lozoya Austin dejó la dirección general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y asumió el cargo de quien fuera hasta hoy director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya. En esta última institución, Peña Nieto designó al hasta hoy director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Arriola.
En el salón “Adolfo López Mateos”, de la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto agradeció a Mercedes Juan y a Emilio Lozoya su labor desde el inicio de la administración, ninguno de los dos estuvieron presentes en el acto.

Juniors de escándalo

La salida de Emilio Lozoya Austin de la dirección de PEMEX ocurre en el contexto de la difusión de conversaciones entre directivos de la constructora trasnacional de origen español, OHL, donde hasta poco antes de asumir ese cargo en 2012, Lozoya fue miembro del consejo de administración. Además, en tanto el director de Finanzas de la petrolera, Mario Bouregard, fue administrador de la mencionada constructora.
El pasado 26 de enero, nuevas conversaciones difundidas a través de YouTube captaron llamadas del presidente internacional de OHL, Juan Miguel Villar Mir, comentando e instruyendo a sus colaboradores sobre una aparente licitación amañada en acuerdo con Lozoya Austin.
El audio fue el registro más reciente de los que se han filtrado desde que hace casi un año empezaron a difundirse conversaciones entre directivos de la constructora y servidores públicos de la elite mexiquense, en los que se pactaban favores y beneficios. Desde que Peña Nieto encabezó el gobierno del Estado de México, OHL obtuvo importantes contratos de obra pública que, durante la actual administración federal del mexiquense, se incrementaron.
El hoy exdirector de PEMEX es hijo de Emilio Lozoya Thalmann, fue secretario de Energía durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y es considerado miembro del círculo cercano del expresidente de México, desde las aulas universitarias.
Por su parte, el relevo de Lozoya Austin, es José Antonio González Anaya, concuño del Salinas de Gortari, pues está casado con Gabriela Gerard Rivero, hermana de Ana Paula, con quien el exmandatario mexicano contrajo nupcias poco después de concluir su mandato.
González Anaya estuvo al frente del IMSS desde el inicio de la administración, mientras sus cuñados, los hermanos Hipólito y Jerónimo Gerard, han sido beneficiarios, el primero con contratos de obra pública en el Estado de México y ahora en el gobierno federal.
En cuanto a Jerónimo, ha conseguido obtener recursos de los fondos de pensiones para financiar a contratistas de obra pública, entre otros, a Juan Armando Hinojosa Cantú, el presidente de Grupo Higa, quien saltó a la fama por ser el constructor y financiero de las residencias particulares de la primera dama Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray (Proceso 2014). Los contratos de Hinojosa documentados, sólo en lo que va de la administración, ascendía en marzo de 2015 a más de 60 mil millones de pesos.
En tanto, Mikel Arriola, fue asesor de Agustín Carstens, cuando se desempeñó como titular de la secretaría de Hacienda de 2006 a 2009 y ocupó diferentes cargos en la dependencia, hasta que en 2011 fue designado comisionado de la Cofepris.

La bata blanca

Con el regreso del PRI a la Presidencia de la república, un viejo actor de la política sanitaria regresó al gabinete presidencial: la Fundación Mexicana para la Salud (FunSalud).
Dichas organización privada pero inmersa en el debate público, ha sido identificada como la encargada de diseñar los planes sanitarios del país desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Aunque por ese cargo pasaron varios economistas, el FunSalud siempre incide en las políticas públicas pues es a ese organismo al que se le atribuye el proyecto del Seguro Popular y, entre otros aspectos, suele identificarse como impulsor de la política privatizadora del sector. Antes de ser secretaria de Salud, Mercedes Juan fue presidenta de dicha organización.
En su lugar fue designado José Narro Robles, un destacado priista –como Mercedes Juan—que entre otros cargos fue presidente de la Fundación Cambio XXI del PRI. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el nuevo titular de Salud fue secretario general del IMSS, donde su jefe era Emilio Gamboa Patrón, actual senador.
Luego, fue subsecretario de Gobernación, en el convulso 1994, en el ocaso del salinismo. Siguió como subsecretario de Salud en el sexenio de Ernesto Zedillo, y finalmente, se retiró a la UNAM, donde escaló en la operación política surgida del conflicto de 1999, hasta convertirse en rector.
Aunque tiene diferentes membresías, Narro Robles es consejero del Funsalud.

Los cambios del peñismo

Los cambios anunciados hoy en el gabinete mantiene el patrón de las elites priistas que acompañan en la administración a Enrique Peña Nieto.
En 2013 Peña Nieto realizó sus primeros cambios, con la salida de Humberto Benítez Treviño de la Procuraduría Federal del Consumidor, en medio del escándalo conocido como “Lady Profeco”, luego de que la hija del funcionario protagonizara un escándalo de prepotencia. Lo siguió Francisco Rojas, a principios de 2014, quien salió de la Comisión Federal de Electricidad. En su lugar se designó al economista Enrique Ochoa Reza, cercano al titular de Hacienda, Luis Videgaray.
El 2015 fue el año con más cambios y enroques en la administración, pues en febrero el presidente sacó a Jesús Murillo Karam de la Procuraduría General de la República, en medio de los señalamientos por la difusión de “la verdad histórica” con la que pretendía darse carpetazo al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala Guerrero el 26 de septiembre de 2014.
En su lugar, nombró a Arely Gómez, hermana del vicepresidente de Noticias de Televisa, Bernardo Gómez.
Peña Nieto designó a Murillo Karam como titular de la secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano (Sedatu), a la que Jorge Carlos Ramírez Marín había renunciado para buscar una diputación federal.
En abril, otro escándalo provocó la salida de David Korenfeld de la Comisión Nacional del Agua. En su caso, el uso de un helicóptero oficial para vacacionar con su familiar y un fallido intento de atribuir el uso de la aeronave a problemas de salud, lo dejaron fuera.
En tanto, en agosto, Peña Nieto realizó una serie de cambios que implicaron la salida de Murillo Karam de la Sedatu, así como de los secretarios de Educación, Emilio Chuayfett –sustituido por Aurelio Nuño—, y de Agricultura, Enrique Martínez –cuyo relevo fue José Calzada. Asimismo, salió el titular de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud y, en su lugar se designó a Rafael Pacciano, esposo de la coordinadora de Estrategia Digital de la Presidencia, Alejandra Lagunes.
Dichos cambios implicaron también un relevo generacional y permitieron al presidente posicionar al primer nivel a sus allegados.
Además, Rosario Robles dejó la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para asumir la Sedatu; el canciller, José Antonio Meade asumió Sedesol para dejar Relaciones Exteriores a Claudia Ruiz Massieu, hasta entonces secretaria de Turismo y cuyo cargo fue ocupado por Ernesto de la Madrid.

El abolengo es notable en los cambios de agosto:

José Antonio Meade, es hijo del economista de la elite de Ernesto Zedillo, Dionisio Meade y sobrino de Daniel Kuri Breña, uno de los fundadores del PAN. Por cierto, su padre Dinisio Meade, es presidente de la Fundación UNAM desde 2013 y mantiene relación con José Narro.
Calzada Rovirosa, es hijo de Antonio Calzada Urquiza, quien fue gobernador de Querétaro en los años setenta; Ruiz Massieu es hija del asesinado político José Francisco Ruiz Massieu y de Adriana Salinas de Gortari, hermana del expresidente Carlos. Su tío, Mario Ruiz Massieu precedió a José Narro, en la subsecretaría de Gobernación en 1994.
Enrique de la Madrid, es hijo del expresidente Miguel de la Madrid.

Lo que viene en PEMEX

Lozoya deja PEMEX justo cuando la Empresa Productiva del Estado tiene dificultades para seguir desarrollándose en el mercado, por un lado, por la inestabilidad financiera interna que enfrenta ante una alta deuda y baja producción de barriles, los precios bajos del petróleo a nivel internacional, y por otro, en este momento aún no cuenta con alianzas claras para recuperarse e invertir en sus refinerías. Según el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, la secretaría y la petrolera sostienen una serie de negociaciones para poder inyectar capital a la empresa productiva del Estado.
En el reporte financiero al cierre del tercer trimestre de este año, Petróleos Mexicanos registró una pérdida neta de 167 mil millones de pesos, el 187 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que la pérdida acumulada son de 352 mil 810 millones de pesos de enero a septiembre de 2015.
Respecto a la producción de barriles diarios, la empresa productiva del Estado informó que en octubre de este año cayó 1.12 por ciento, lo que equivale a 27 mil barriles por día en comparación con el mes anterior, al registrar un descenso de 2 millones 390 mil barriles por día (mbd), en tanto, la producción anual bajó 3.2 por ciento, es decir 81 miles de barriles diarios, respecto al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con cifras de PEMEX, enfrenta una deuda contratada con intermediarios bursátiles y bancarios de un billón 485 mil millones de pesos, además de haber colocado una deuda en los mercados internacionales por un monto de 600 millones de francos suizos (9 mil 672 millones de pesos) a pagar en cinco años.

 

Fuente: Por Esto!

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