Solicitan prórroga a la CIDH para que el GIEI siga investigando la desaparición de los jóvenes

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CIUDAD DE MÉXICO (Apro/El Universal).- Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó que solicitaron una prórroga a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) siga investigando la desaparición de los jóvenes.
Luego de que el martes pasado el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el trabajo de los expertos concluye el 30 de abril y no habrá prórroga para que concluyan su investigación, el abogado señaló la ampliación del plazo ya fue solicitado.
Rosales dijo que les sorprende la posición de Osorio Chong y que es una posición “meramente política” ya que el convenio entre la CIDH, el gobierno mexicano y los padres de los normalistas afectados, en la cláusula 10 establece que se puede prorrogar el mandato “por las veces que sean necesarias, mientras no se cumplan todavía los objetivos para los cuales fue creado el Grupo de Expertos”, afirmó en entrevista radiofónica.
Los objetivos por los cuales fue creado, recordó, es establecer líneas de investigación y verificar la posibilidad de la verdad, así como establecer planes de búsqueda para dar con el paradero de los jóvenes y elaborar un plan de asistencia para las víctimas.
“Entonces esos tres objetivos, desde nuestro punto de vista, se han sentado las bases y se está caminando sobre ello, hay avances importantes; sin embargo, estamos todavía lejos, entonces en virtud de lo cual, desde nuestro punto de vista, se hace necesario una ampliación de ese mandato, se hace necesario esa prórroga
“Ya metimos nosotros antier, junto con el Centro Prodh, una solicitud formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; a ellos les corresponde analizar esa solicitud y decidir si se prolonga o no”, sostuvo Rosales.
Si bien, dijo, el gobierno federal afirmó que no se puede extender la permanencia de los expertos en el caso, la decisión de la CIDH debe ser discutida.
“Una vez decidido, se debe platicar con las partes. El Estado Mexicano está sometido a ese convenio de asistencia técnica y todo eso se tiene que discutir en el seno de la comisión”, subrayó.
Niegan a padres de 43 hablar en tribuna de San Lázaro

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el priísta César Camacho, rechazó la petición que hicieron los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para que pudieran visitar el pleno de San Lázaro y hablar en la máxima tribuna del país.
En conferencia de prensa, César Camacho, comentó que no se les puede abrir el espacio a los padres de los normalistas debido a que no es un asunto que le corresponda desahogar a la Cámara de Diputados.
“Habremos de proponer, en breve, después de recibir los puntos de vista de las distintas fracciones y de la presidenta de la Comisión Especial, un mecanismo que en su momento se hará saber a los padres de familia y a los peticionarios, con el afán de que el encuentro se lleve a cabo, no en el pleno, cuyo uso y aprovechamiento está reservado a quienes el propio reglamento establece y no se surte la hipótesis de que personas como los padres de familia como los jóvenes de Ayotzinapa han planteado”, aseguró Camacho Quiroz.

Frenan en Senado puntos de acuerdo relacionados a DH

La mayoría del pleno del Senado, formada por PRI y PVEM, frenó dos puntos de acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos que reconocían como “aportaciones” las observaciones y recomendaciones de la CIDH, en su visita a México de octubre pasado, en las que se incluía el respaldo del organismo hemisférico al requerimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de entrevistar militares acuartelados en Iguala en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
PRI y PVEM en una sola votación económica, a mano alzada, también estuvieron en contra de un segundo punto de acuerdo, en el que se exhortaba al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a revisar y, en su caso, que “proponga los cambios correspondientes a la normatividad militar para fortalecer la vigencia de los derechos humanos”.
La vicepresidenta en turno de la mesa directiva, Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), anunció los dos puntos de acuerdo y abrió el espacio para posicionamientos, sin que ninguna bancada interviniera y, finalmente, se votó con el resultado en contra decidido por la mayoría.

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