Esperan llamado contra ley que da la facultad de suspender o restringir derechos y garantías
“Una Ley de esta naturaleza sólo podría darse en un Estado verdaderamente democrático. Este no lo es. De hecho, el Estado de excepción ya existe desde el momento que el Ejército está en las calles. Creo que esta perversa ondanada está orquestada desde Gobernación. Al darle esas garantías al Presidente simplemente vamos a tener un Estado criminal, un Estado de excepción legalizado para el crimen”, dijo Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).
Las organizaciones consultadas refirieron que la iniciativa enviada por Enrique Peña Nieto el 22 de octubre del 2013 para expedir la “Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política”, prevé mecanismos para reprender los movimientos sociales, especialmente aquellos en contra de las megaobras. Por lo que esperan un pronunciamiento de la CNDH.
“La CNDH, en su momento oportuno, tiene la obligación de interponer la acción de inconstitucionalidad, porque si permitimos que este par de leyes se impongan [ley “Eruviel” y ley reglamentaria del artículo 29] estaremos retrocediendo muchos años en las conquistas de libertades democráticas y de derechos humanos”, destacó Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, basado en el Estado de México.
El martes pasado, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para expedir dicha Ley que tiene la facultad de suspender o restringir derechos y garantías cuando el Presidente considera que se perturba el orden social.
“No es descartable que ciertos derechos humanos puedan ser suspendidos o restringidos en su ejercicio, pero en todo caso, deberá existir una razón legítima fundamentada”, describe el documento –al que SinEmbargo tuvo acceso– en la página 8.
Distintas organizaciones civiles externaron su preocupación por que no se incluyera la opinión de la ciudadanía dentro del dictamen que los legisladores discuten.
“Si algo hemos podido observar es que seguimos teniendo una incomprensión a lo que la autoridades entienden por respeto a los derechos humanos”, explicó Francisco Rivas, director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
La reglamentación podría, lejos de definir reglas claras, dejar vacíos legales en los que el Estado podría reprimir a la población, sostuvo por su parte Lara Duque.
El 17 de marzo, refirió Lara, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México fue aprobada por el Congreso mexiquense. Esta permite la intromisión de cuerpos de seguridad en contra de manifestantes cuando se considere que está en riesgo la integridad de la sociedad o de los mismos policías.
“Desde nuestro punto de vista el Estado de México se está convirtiendo en el laboratorio social, y lo van a transmutar al país entero con esta ley reglamentaria”, consideró Lara.
“Yo no creo que sea lo mejor que no lo reglamentemos, porque entonces es, finalmente, inaplicable. Lo que hay que plantear es que se regule con claridad, que tenga contrapesos, y que lo que quede muy claro sean estas obligaciones que tiene que seguir el Ejecutivo. Este artículo no sirve para justificar la represión, la represión se sigue usando”, dijo Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC.
Fuente: Por Esto!