Gobierno mexiquense aprobó una ley que faculta a la Policía Estatal para reprimir las protestas sociales
Con dedicatoria al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), el gobierno mexiquense aprobó una ley que faculta a la Policía Estatal para reprimir las protestas sociales que en el futuro traten de impedir, por ejemplo, la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, tal y como ocurrió hace 10 años.
Ahora la policía del Estado de México podrá legalmente usar esposas, cadenas de fuerza, armas de fuego o dispositivos que generen descargas eléctricas contra las personas que atenten contra el orden. Aunque, a decir de activistas, estos mecanismos se utilizarán contra los disidentes de proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto en Texcoco, el cual se pretende esté listo en 2020.
Aunque México está en la mira de organismos internacionales por la tortura sexual ejercida por cuerpos de seguridad en esta entidad en 2006, la iniciativa bautizada como “Ley Atenco” pero renombrada por las comunidades mexiquenses como “Ley Eruviel” –porque fue el gobernador quien la propuso y la avaló–, fue aprobada por el Congreso local el 17 de marzo y publicado al día siguiente en el Periódico Oficial del Estado de México.
Ignacio del Valle y Trinidad Ramírez Doña Trini, líderes del FPDT que en 2001 y 2006 impidieron la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto, aseguraron que esta ley lleva implícita una dedicatoria hacia los pobladores de Atenco de parte de Enrique Peña Nieto, exgobernador mexiquense de 2005 a 2011.
Desde 200, el FPDT lideró la resistencia cuando en octubre de 200l el presidente Vicente Fox anunció la construcción de un aeropuerto y publicó un decreto expropiatorio de la tierra ejidal en Atenco, Texcoco y Chimalhuacán. Así comenzaron las manifestaciones campesinas.
Detenido en 2006, encarcelado y condenado a 112 años de prisión por participar en las protestas de Atenco, Del Valle dijo que esta ley pretende arrebatar la libertad y la vida de las personas que se atrevan a manifestarse. Dijo que es un paso para allanar el camino hacia la construcción del aeropuerto.
Ajuste de cuentas
Las cuentas entre Peña Nieto y los líderes del FPDT están pendientes. Por eso, Ignacio Del Valle no se mostró sorprendido ante la expedición de una ley “para reprimirlos”. Dijo que las autoridades estatales y federales han utilizado muchos medios para engañar a la población sobre el proyecto aeroportuario, acallar su exigencia de justicia y quebrar el movimiento de resistencia.
El líder recordó que los comuneros que en 2001 se organizaron para defender su territorio con protestas y acciones legales echaron para atrás el proyecto y en agosto de 2002 Fox abrogó el decreto expropiatorio.
Cuatro años después del triunfo del FPDT, hubo un intento por acabar con esta organización, pues el gobierno estatal provocó a los ejidatarios al impedir que los floricultores de Texcoco se plantaran afuera del mercado Belisario Domínguez para vender sus productos.
El 2 de mayo de 2006 los ejidatarios de Atenco acordaron con las autoridades municipales y estatales que se permitiría la venta de los floricultores. Pero al día siguiente la policía los desalojó por la fuerza, hecho que provocó la indignación y bloqueos carreteros por parte de comuneros y desembocó en operativos que culminaron en una represión que hoy “sería avalada” por la ley.
Doña Trini sostuvo que la ley recién aprobada legaliza la represión ordenada por el exgobernador Peña Nieto y los políticos mexiquenses del llamado Grupo Atlacomulco. Alertó que con esta acción, quienes participen o siquiera se acerquen a cualquier movilización estarán en más riesgo de ser víctimas de agresiones policiacas como en 2006.
Violaciones no se olvidan
En aquella ocasión en Atenco y Texcoco, los testimonios sobre abusos policiacos, amenazas de asesinato y desaparición, golpes, detenciones arbitraras, los dos homicidios y la tortura sexual contra las mujeres llegaron hasta diversas instancias internacionales.
Más de 207 personas fueron detenidas, entre ellas 47 mujeres, de las cuales 27 padecieron agresiones sexuales. A la fecha, 11 de ellas mantienen una denuncia por tortura sexual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que analiza el caso para determinar si las víctimas y el Estado mexicano llegan a una solución “amistosa” o si pasa ante la Corte Interamericana para que emita una condena.
Martha Pérez Pineda, integrante del FPDT, dijo que la “Ley Eruviel” es un intento para borrar las demandas de las mujeres de Atenco que siguen pendientes ante la CIDH, pero también es una norma que legalizará las futuras represiones policiacas.
Aunque la ley diga que el uso de la fuerza se hará en el marco del respeto la dignidad humana, la activista advirtió que podría servir también para justificar la tortura sexual pues, sin esta ley, en 2006 se dijo que el “abuso sexual” no era un delito grave y ahora habrá más elementos para desacreditar las posibles denuncias.
Más represión
Berenice Sánchez, indígena de San Francisco Magú, municipio de Nicolás Romero y defensora del agua, relató que desde 2015 los policías estatales intervinieron reuniones donde la población elegía a sus autoridades comunales. Por eso, advirtió que si se permite esta ley, no pasará mucho tiempo para que otros estados aprueben normas similares para reprimir la protesta social.
A decir del investigador de Fundar, Miguel Moguel, ya hay otras leyes similares como la de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, la de Movilidad de la Ciudad de México, el Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza en Chiapas y la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza en Puebla, conocida como “Ley Bala”.
Moguel señaló que es necesaria la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o del organismo defensor en el Estado de México para que escuchen la postura de los grupos civiles y hagan uso de su facultad de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
José Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, enumeró cuatro formas para detener la ley: la primera es que el gobernador Eruviel Ávila la vete; que no se publique su reglamento y, por tantom no se aplique; que la CNDH interponga una acción de inconstitucionalidad o que la ciudadanía acuda a los juzgados a interponer amparos.
CNDH analiza “Ley Atenco” en materia de derechos humanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que analiza la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, mejor conocida como “Ley Atenco”.
En un comunicado, informó que a raíz de que esa legislación fue aprobada en el congreso mexiquense el pasado 17 de marzo de 2016 y fue publicada al día siguiente en la Gaceta del gobierno estatal ha recibido diferentes solicitudes para estudiarla.
El organismo agregó que realiza el análisis de dicha normatividad “a la luz” de la Constitución política mexicana y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, “a fin de emitir una opinión”.
La Comisión añadió que “desde el momento mismo en que se aprobó la citada ley, y que le fueron presentadas esas peticiones”, inició la revisión y estudio integral de la legislación en comento. Y aseguró que los resultados serán dados a conocer “en su oportunidad”.
Fuente: Por Esto!