CIUDAD DE MEXICO, (apro).- Con el objetivo de dar facilidades fiscales, aduaneras y tributarias a inversionistas que apuesten por el crecimiento económico de las regiones más pobres del sur-sureste del país, el Senado aprobó con 88 votos a favor y ocho en contra la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y una adición al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.
En la discusión, los legisladores modificaron la minuta proveniente de la Cámara de Diputados para aclarar o complementar cuestiones relacionadas con las actividades que pueden realizarse en estas Zonas Económicas Especiales (ZEE), así como la especificación de los beneficios fiscales y el régimen aduanero, las reglas aplicables a los Administradores Integrales e Inversionistas, entre otros puntos.
La mayoría del Senado rechazó las reservas que presentaron los senadores Mario Delgado, del PRD, y Marco Antonio Blázquez Salinas y Manuel Bartlett, Díaz, del PT, en tanto que la senadora del PRD, Dolores Padierna, presentó un voto particular y rechazó que esta reforma tenga algún beneficio social.
Padierna también criticó a las ZEES porque se dan concesiones de áreas geográficas hasta por 40 años, prorrogables a otros 40.
La bancada más dividida frente a esta minuta fue la del PRD. En tanto Padierna y Delgado expresaron críticas, legisladores como Armando Ríos Pitter y Zoé Robledo, del mismo partido, apoyaron esta nueva ley.
Al fundamentar el dictamen, el senador José Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda, afirmó que la creación de las ZEE tiene por objetivo propiciar condiciones de convergencia económica a favor de la población que habita en el sur y centro del país, sin generar perjuicios a los mexicanos.
Con esta ley, argumentó, “se generará mayor infraestructura que permita superar las barreras geográficas de lo que se produce en los mercados, generar condiciones para que exista un mejor valor agregado en esas regiones y, particularmente, se puedan encadenar productivamente”.
La ley le otorga amplios poderes a la Secretaría de Hacienda, ya que será esta dependencia la que genere un dictamen de viabilidad para que una zona pueda ser susceptible de las “bondades y beneficios”, que incluyen fomento económico, facilidades para obtener licencias y medidas administrativas, así como beneficios fiscales.
Además, se crea la figura de un “administrador integral”, quien tendrá un alcance de coordinación con los niveles de gobierno y generará las condiciones que permitan la participación del Estado, el sector social y la iniciativa privada.