Impunes gracias a la complicidad
De las 18 auditorías que el OIC realizó en 2015 se derivaron 78 observaciones, que mostraron el mal uso de 938 millones 639 mil pesos. De este monto, el organismo apenas logró reincorporar 98 millones 938 mil pesos. En otras palabras: nueve de cada 10 pesos desviados se desvanecieron.
Y quedaron impunes: “Se identificó que en 38 observaciones que implicaron cuantificaciones monetarias, el OIC no promovió el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos que ocasionaron un daño o perjuicio al erario federal”, insistió la ASF.
De acuerdo con la ASF, los programas sociales que distribuyen las mayores cantidades de recursos escaparon al monitoreo del OIC.
El OIC detectó deficiencias en el padrón de beneficiarios de programas sociales, pero no promovió sanción alguna. También desechó tres de seis expedientes relacionados con “recursos financieros aplicados a objetivos distintos de su programación”, y los tres restantes “continúan en investigación”.
A lo largo de 2015 los cuatro titulares del OIC de la Sedesol nunca abordaron las nuevas disposiciones establecidas en el Sistema Nacional Anticorrupción ni propusieron revisar los programas “susceptibles a posibles actos de corrupción, como es el caso de Prospera”.