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RIESGOS SANITARIOS Y COMPETENCIA DESLEAL, EL SECTOR GANADERO MEXICANO RECHAZA LA ENTRADA DE CARNE PARAGUAYA

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Ganaderos exigen respuestas a SENASICA ante la nueva amenaza a la producción nacional.

Cuando los productores mexicanos necesitan condiciones que les permitan trabajar, invertir y obtener ganancias justas, ya se está haciendo costumbre que decisiones de las autoridades terminen generando nuevas preocupaciones. Primero fueron los combustibles, después la entrada de azúcar extranjera y ahora la autorización para importar carne de Paraguay. ¿Qué sigue pero, sobre todo, quién está defendiendo a quienes producen en México? ¿Nadie?

Recientemente se dio a conocer la decisión de la SENASICA de autorizar la importación de productos bovinos procedentes de Paraguay, situación que ya provocó inconformidad en el sector ganadero, y como no si esta medida podría perjudicar al mercado nacional en un momento en que los productores mexicanos tienen capacidad para abastecer la demanda interna e incluso mantener sus exportaciones.

Entonces ¿por qué si México tiene carne suficiente, se abra la puerta a las importaciones?

Claramente esta medida podría incrementar la presión sobre el mercado nacional. Y es que la preocupación colectiva no se limita a Paraguay, sino que alcanza el esquema de importaciones provenientes de Sudamérica, particularmente de países como Brasil, Argentina y Uruguay.

El abrir mercados no debería convertirse en una política automática, mucho menos cuando están en juego los ingresos de miles de familias que dependen de la ganadería.

Y es que actualmente los precios del ganado se encuentran estables para los productores, pero ahora ante la posibilidad de que aumente la oferta de carne importada han surgido dudas sobre cómo podría evolucionar el mercado y qué efectos tendría sobre los precios que reciben los ganaderos.

Los ganaderos mexicanos invierten en alimentación, infraestructura, sanidad, personal y transporte. Enfrentando costos que no desaparecen por decreto y que tampoco pueden absorber indefinidamente. Por eso, cualquier decisión que modifique las condiciones de competencia necesita una justificación clara, especialmente cuando el sector sostiene que existe capacidad productiva suficiente en el país.

¿La política agroalimentaria está diseñada para fortalecer la producción nacional o para facilitar el abastecimiento mediante proveedores extranjeros sin evaluar suficientemente las consecuencias para quienes producen aquí?

Rogelio Soto, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango advirtió sobre los riesgos sanitarios asociados con el ingreso de animales sin vigilancia adecuada, al mencionar enfermedades como la tuberculosis bovina y la brucelosis, además del gusano barrenador.

En un país donde la sanidad pecuaria es fundamental para proteger los hatos, sostener las exportaciones y garantizar la seguridad de la producción, resulta contradictorio que los ganaderos denuncien dificultades para frenar el trasiego irregular mientras las autoridades amplían las posibilidades de ingreso comercial de productos extranjeros.

Ante este panorama ¿qué harán los dirigentes de las organizaciones ganaderas de México? ¿Habrá un pronunciamiento conjunto? ¿Solicitarán una explicación formal a SENASICA y al Gobierno Federal? ¿Exigirán información sobre los estudios de mercado, los criterios sanitarios y las medidas de protección para los productores nacionales? ¿O guardaran silencio mientras sus agremiados absorben las consecuencias?

El Gobierno Federal y SENASICA tienen la obligación de explicar con claridad los criterios que sustentan sus decisiones. No basta con autorizar operaciones y confiar en que el mercado resolverá el resto. Se necesita transparencia, vigilancia sanitaria efectiva y una estrategia que tome en cuenta a quienes mantienen viva la producción pecuaria mexicana.

Primero los combustibles, después el azúcar y ahora la carne: la preocupación es que los productores de distintos sectores terminen enfrentando decisiones que incrementan la incertidumbre sin recibir explicaciones suficientes sobre los beneficios para la economía nacional.

El campo mexicano necesita decisiones congruentes, autoridades que rindan cuentas y representantes dispuestos a defender, con hechos, a quienes producen la carne que llega a la mesa de millones de mexicanos.

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