Quintana Roo

CORTINA DE HUMO ROTA: PLAYA DEL CARMEN BAJO LA LUPA Y EL DESGASTE DE ESTEFANÍA MERCADO

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La política en Quintana Roo suele escribirse a golpes de coyuntura, pero hay momentos en los que el cálculo estratégico se vuelve tan evidente que termina jugando en contra de quien intenta capitalizarlo. La detención de la exalcaldesa Lili Campos llegó en un instante particularmente oportuno para la actual presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado Asencio, quien hasta un día antes enfrentaba una ola de críticas y reclamos en redes sociales por la falta de resultados de su administración.

En teoría, el golpe mediático contra una administración anterior suele funcionar como distractor o respiro para el gobierno en turno. Sin embargo, en la conversación pública el efecto no ha sido de blindaje automático. Lejos de consolidar respaldo o diluir el malestar, numerosos comentarios ciudadanos han virado hacia el reclamo directo contra la actual gestión: voces que expresan arrepentimiento por el voto emitido y exigen que también se revisen y sancionen eventuales irregularidades del presente, además de demandar que la alcaldesa cumpla con su trabajo cotidiano.


Mientras el proceso contra Lili Campos se centró en un monto de 62 millones de pesos, en Playa del Carmen surgen señalamientos contra la gestión de Estefanía Mercado por observaciones que alcanzan los 890 millones de pesos.


Los reportes advierten presuntos sobrecostos superiores al 300 % en compras y rentas, incluyendo un contrato reciente de casi 49 millones de pesos por el arrendamiento de unidades Jeep y Hilux. Y la compra de croquetas por más de dos millones de pesos infladas igual al 300 %.

El desgaste de Estefanía Mercado no se limita al termómetro digital ni a los reclamos vecinales; también se ha trasladado al terreno institucional y partidista. El jueves 19 de noviembre de 2026, se presentó una queja intrapartidista ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena —con copias dirigidas a figuras como Citlalli Hernández, Ariadna Montiel y Johana Acosta— en la que se solicita cancelar o negar el registro de la edil dentro del proceso interno, acusándola de vulnerar las normas de austeridad e imparcialidad.

De acuerdo con el recurso promovido por Javier Arzate, la denuncia señala que la presidenta municipal y trece funcionarios de primer nivel habrían inobservado la Base Octava de la convocatoria interna durante una movilización realizada el 28 de octubre de 2026 en Villas del Sol. Entre los puntos centrales del señalamiento destacan:

Presunto derroche y logística: Se acusa la realización de un despliegue con producción audiovisual, drones, templetes, equipo de sonido y material propagandístico vinculado a distintos grupos, lo cual, según los denunciantes, contradice el discurso de austeridad.

Participación de funcionarios y estructuras: Se menciona de manera nominal a seis regidores —Matilde Carrillo, Uri Carmona, Javier Renán Santos, Xel-Ha Dehesa, Fernando Muñoz y Marian Solís— así como a titulares y cuadros administrativos, entre ellos Deyanira Martínez (directora del DIF), Eduardo Asencio (presidente honorario del DIF), Rusbel Pat, José Gabriel Pérez, Diana Hernández, José Antonio Uribe y Alberto López, señalándolos por acudir en calidad de servidores públicos y movilizar estructuras.

Uso de referencias políticas: Se cuestiona la mención y aprovechamiento de nombres de perfiles de alcance nacional y estatal, como Claudia Sheinbaum, Mara Lezama y Gino Segura, para obtener ventaja en la contienda interna.

Solicitud de medidas cautelares: El denunciante aportó videos y elementos probatorios para pedir la suspensión de propaganda y la descalificación del registro en el proceso interno.
A este panorama se suma la presión política por una solicitud de juicio político en el Congreso, configurando un escenario donde las críticas ya no provienen únicamente de la oposición o de usuarios en redes, sino también de actores que disputan espacios dentro del mismo movimiento.

Para Estefanía Mercado, el escenario se estrecha. Entre una opinión pública impaciente, una queja formal dentro de su propio partido, presiones legislativas y un ambiente marcado por el escrutinio sobre el uso del dinero público, la aspiración a una eventual reelección enfrenta obstáculos cada vez más visibles. En política, cuando los señalamientos se acumulan en demasiados frentes a la vez, la coyuntura deja de ser un salvavidas y se convierte en un espejo incómodo.

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