Contradicciones ponen en duda la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa
CIUDAD DE MEXICO.- El grupo de expertos independientes que investigó la desaparición de 43 estudiantes mexicanos pidió a la fiscalía que investigue posibles desapariciones forzadas, reconozca que “no existe evidencia” sobre su destino e indague la presunta tortura de la mayoría de los detenidos, informaron este domingo.
El trágico caso de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa (Guerrero, sur) tuvo un giro esta semana cuando la fiscalía aceptó investigar al titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, por presuntas irregularidades cometidas durante diligencias hechas en el río donde supuestamente fueron arrojados los restos de los jóvenes.
Tras revelar esas circunstancias, el GIEI, que concluyó su mandato de un año el 30 de abril, pidió a la fiscalía (Procuraduría General de la República, PGR)investigar probables “desapariciones forzadas”, que representan violaciones de “derechos humanos de carácter permanente” y que “suponen una herida abierta en los familiares”, apuntaron en un comunicado.
“Deben trazarse líneas de investigación a partir de los lugares donde, posteriormente a la hora de su detención, se siguieron activando sus teléfonos”, apuntó el GIEI.
El GIEI considera que la fiscalía debe modificar el discurso sobre su investigación según el cual los estudiantes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero), fueron masacrados e incinerados tras ser baleados por sicarios y policías corruptos al ser confundidos con narcotraficantes, y sus restos arrojados a un río, una versión a la que ha llamado “verdad histórica”.
Pero para el GIEI eso no tiene sustento científico. “Es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos” porque “no existe certeza sobre el destino de los normalistas” y tampoco de que “fueran confundidos” con narcotraficantes, añadió en el comunicado.
“Deben trazarse líneas de investigación a partir de los lugares” donde sus teléfonos se siguieron activando una vez que ya habían desaparecido, indicó el GIEI.
Reiteró también que deben ser investigadas las presuntas torturas que sufrieron la mayoría de los detenidos del caso.
En el primero de sus dos informes, el grupo de expertos destacó que “el 80% de los 80 detenidos habían sufrido lesiones que debían ser investigadas”.
Los expertos también pidieron a la fiscalía que se concluyan los interrogatorios a los militares del batallón basado en Iguala por no haber hecho nada para detener las agresiones a los estudiantes.
Los padres de los 43 se niegan a aceptar la versión de la PGR
Los padres de los jóvenes que se preparaban para ser maestros se niegan a aceptar que sus hijos fueron masacrados y han realizado infinidad de marchas e incluso se han manifestado en otros países contra el gobierno por no encontrarlos. La última vez fue el martes pasado, cuando se cumplieron 19 meses de la desaparición de sus hijos.
“Tenemos la tristeza de irnos sin poder decir dónde están los desaparecidos”, reconoció el martes a la AFP Ángela Buitrago, una ex fiscal colombiana integrante del GIEI. El gobierno de México se negó a extender las investigaciones de los expertos.
En la hoja de ruta de 20 puntos, que consideraron necesarios para intentar llegar a la verdad, el grupo subraya la importancia de que la investigación sea dirigida “únicamente” por la oficina creada específicamente para el caso y que depende del área de derechos humanos de la fiscalía. Pidieron que se investigue a “todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación”.
En este sentido, hicieron mención especial de los involucrados en la recolección de evidencias en el río donde supuestamente fueron arrojados los restos de los jóvenes —entre quienes está el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón— y pidieron que se aclare tanto la destrucción de algunas evidencias como la aparición repentina de otras.
Los expertos insistieron en la importancia de mantener las búsquedas; garantizar el diálogo y la atención a las familias; aclarar la actuación de la policía federal, el ejército y otras corporaciones de seguridad; e investigar tanto la tesis del tráfico de heroína como posible móvil del crimen como todas las denuncias de posibles torturas y otras violaciones a los derechos humanos.
El grupo entregó el viernes su hoja de ruta y su informe final a la procuradora general de la República, Arely Gómez.
Sólo se ha logrado identificar los restos óseos de uno de los normalistas
En el documento con 20 recomendaciones que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregaron a la titular de la PGR, Arely Gómez González, el pasado viernes 29 de abril —a unas horas de que concluyera su mandato en México—, el GIEI explica que uno de los principales elementos para cambiar la narrativa del caso Ayotzinapa se deriva de que sólo se ha logrado identificar los restos óseos de uno de los normalistas, Alexander Mora Venancio.
Según lo indagado y explicado por el GIEI, el teléfono celular de Mora Venancio fue utilizado a las 1:16 horas del 27 de septiembre de 2014, lo que representa un indicio de que a esa hora se encontraba vivo, es un elemento de prueba que contradice la teoría oficial de que todos los jóvenes habían sido asesinados e incinerados junto con todas sus pertenencias horas antes en el basurero de Cocula.
Las 20 recomendaciones emitidas por el GIEI a la PGR confirman la insistencia del grupo para que se realicen nuevas entrevistas a los militares del 27 Batallón de Infantería que estuvieron presentes en Iguala el día de los hechos y en que se indague el papel que desempeñaron los elementos de la Policía Federal, que realizaron retenes y cortes viales para encapsular las salidas y entradas a ese municipio de Guerrero, en un radio de 80 kilómetros.
Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristáin solicitaron a la PGR que se investiguen las diligencias realizadas por personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia (SEIDO) en inmuebles y escenas del crimen que estaban bajo resguardo de la Oficina para la Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Prevención del Delito.
Otra de sus recomendaciones es que la dependencia a cargo de Arely Gómez realice una investigación integral del caso, unificando las causas penales que se siguen en contra de todos los involucrados y evitando que se siga fragmentando la averiguación previa 1/2015 sobre el ataque a los estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre y la posterior desaparición de los 43 normalistas la madrugada del 27 de septiembre, ambas de 2014.
El propósito es que los fiscales a cargo de la indagatoria tengan acceso al contexto y las conexiones de todos los delitos cometidos alrededor del caso Ayotzinapa, puesto que ambos elementos se consideran claves “para determinar la responsabilidad y modus operandi” de los presuntos responsables ligados al grupo Guerreros Unidos, así como cesar las confrontaciones entre la Subprocuraduría de Derechos Humanos y SEIDO por el rumbo que siguen las investigaciones.
“Es necesario que la información relativa a esta organización criminal que sea relevante para el caso de los 43 sea agregada también a la investigación a cargo de la Oficina del Caso Iguala, e integrada en la investigación 1-2015. Se deben evitar interferencias de SEIDO en la investigación, que debe ser dirigida únicamente por parte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, siguiendo los Acuerdos de Washington de octubre de 2015 ante la CIDH”, advirtió el GIEI.
Además, solicitan integrar a la misma averiguación previa todo lo narrado por familiares e integrantes del equipo de futbol Avispones, quienes han señalado en sus declaraciones ministeriales la existencia de un cerco policiaco para entrar y salir de Iguala, Guerrero, el día de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Horas antes de que expirara su mandato, los expertos de la CIDH añadieron que la PGR también debe investigar la posible existencia de otros delitos y violaciones graves a los derechos humanos en agravio de víctimas como son las desapariciones forzadas de los 43 jóvenes, los homicidios de las seis víctimas acaecidas el día 26 de septiembre y la tentativa de homicidio en contra de los heridos graves.
Solicitaron que se investiguen los delitos de encubrimiento, obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, tortura, uso excesivo de la fuerza y las lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. “Esto significa que se deben ampliar los cargos en contra de los presuntos responsables, y, por ejemplo, integrar los resultados de la autopsia de Julio César Mondragón a la tipificación de su caso”.
Pidió ampliar las declaraciones de las autoridades políticas del estado de Guerrero que estaban en funciones el día de los hechos, las del presidente municipal, el director y subdirector de la policía de Huitzuco, y las de todos aquellos servidores públicos de la Fiscalía de Guerrero que se encontraban laborando en barandillas la noche de los hechos.
Fuente: EL UNIVERSAL/ANIMAL POLITICO
