Chetumal.- Luego de que la XV Legislatura del Congreso del Estado aprobara reformas constitucionales, con las cuales se permite a un foráneo el poder ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, al haberse eliminado el requisito de haber nacido en el estado o contar con residencia mínima de cinco años para poder ocupar dicho cargo, se provocó un enojo generalizado entre la sociedad.
Pues de cierta manera, lo más idóneo sería que quien ocupase la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), tenga un vínculo jurídico o político con nuestro estado. A través de las redes sociales la sociedad ha considerado que dichas modificaciones han pasado por alto esa necesidad de que exista algún tipo relación entre quien esté al frente dela fiscalía y el pueblo.
Y es que fue con 21 votos a favor y uno en contra, que los diputados avalaron el dictamen con minuta proyecto de decreto, por el que se reforman la fracción II y los párrafos primero y cuarto del inciso A), del apartado A y el párrafo tercero del apartado D, y se deroga el párrafo segundo del inciso A), del apartado A del artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Cabe mencionar que para que la minuta constitucional pueda decretarse y entrar en vigor, primero debe ser aprobada por la mayoría de los once Ayuntamientos del Estado. En caso de contar con el respaldo mayoritario, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, será entonces cuando la Legislatura cuente con un plazo de diez días hábiles para iniciar el procedimiento de designación de Fiscal General, integrando una lista de candidatos aprobada por las dos terceras partes de los integrantes de la XV Legislatura.
Tras quitar este requisito constitucional, los legisladores establecieron que para poder ocupar la titularidad de la FGE, se deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener residencia en el país. En la reforma se especificó que para el caso del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, sí será exigible el requisito de oriundez o residencia mínima en la entidad.
La diputada Leslie Hendricks, fue la única que voto en contra del Proyecto de Dictamen, tras considerar que quien ocupe la titularidad de la FGE debe mantener un vínculo jurídico-político con Quintana Roo, y mencionó que es necesario mantener dos principios fundamentales el respeto a la pluralidad y los derechos de las minorías en el desahogo de las propuestas, deliberaciones y las votaciones para designar al Fiscal General del Estado, los cuales no se están respetando al alterar la Constitución local; además del establecimiento de requisitos mínimos de vinculación con la comunidad de quienes aspiran a desempeñar esa función.
Por su parte el diputado Jesús Zetina Tejero, ha mencionado que en las propuestas que hagan los partidos se buscará que los aspirantes sean personas con residencia en el estado. “No estamos dando las condiciones para que forzosamente sea alguien de afuera quien ocupe la vacante de Fiscal, solamente se abrió la convocatoria para que personas de otras entidades que tengan la capacidad y experiencia puedan participar”, añadió. De igual manera señaló que Quintana Roo no es la única entidad que elimina este requisito, puesto que aseguró existen al menos 17 estados, entre ellos Yucatán, que no tienen estos candados.
¿Será que resulte positivo para el estado el que se halla abierto la posibilidad de que el próximo fiscal pueda ser de cualquier entidad del país?, pues buen dicen por ahí que más vale bueno conocido que malo por conocer.
Otra de las cosas que la gente se cuestiona es, ¿cual fue el verdadero motivo para presentar estas modificaciones a nuestra constitución?, ¿será acaso que ya se tengan compromisos pactados con algún personaje de otro estado?, ¿será que haya algún pacto por cumplir, o a que se deberá esta decisión?. Porque es difícil de creer que Quintana Roo no sea capaz de egresar profesionistas con la suficiente capacidad y el perfil requerido para poder ser postulados para cualquiera de los cargos a los que convoque el Congreso Estatal.
Pero bueno aún falta ver que es lo que deciden los ayuntamientos, si se pronuncian a favor o en contra.