Durante la gestión de Enrique Peña Nieto se perpetró uno de los desvíos de recursos más grandes de la Historia de México, fueron siete mil 760 millones de pesos que debieron ser destinados para programas de beneficio social.
A este desvío se le nombró como “la estafa maestra”, que fue perpetrada por la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, mediante convenios simulados con entidades gubernamentales y universidades.
Quintana Roo también tuvo involucrados en este desvío, tal es el caso del exdirector del SQCS, quien respaldado por quien fuera director administrativo, Gerardo Vázquez Handall, desvío 743 millones de pesos, mediante 84 convenios “simulados” con empresas inexistentes, destinados a la difusión de materiales institucionales, que nunca se realizaron.
Pese al procedimiento judicial promovido por la entonces fiscal especializada en Combate a la Corrupción, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, que al final resultó endeble; nunca se ejecutó acción penal alguna.
En el 2023, ya con Heiden Cebada Rivas como magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), “sorpresivamente”, los exdirectivos del SQCS resultaron absueltos. Sin embargo, el destino de los recursos desviados nunca se supo. Lo que si es que el patrimonio de tales funcionarios aumentó. Ahora ambos radican fuera de Quintana Roo.
El deslinde de responsabilidades en los culpables de “La estafa maestra” ha sido sectorizado y sin resarcimiento de daño.
Si bien el caso de José Luis Pech Galera, confeso por desvío de 20.1 millones de pesos como parte de la estafa cuando se desempeñó como rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, ha generado rechazo ciudadano, pues resulta curioso que mientras el exrector de la UPQroo siempre estuvo bajo tutela de un juzgado federal y que recientemente le sancionó, el exdirector del SQCS fue trasladado al ámbito de la justicia local.
