En Quintana Roo, la democracia ha tenido un precio alto, y no precisamente por su valor como ejercicio ciudadano, sino por el costo simbólico y real de una elección que, más que participación, dejó en evidencia apatía, corrupción y un sistema político que parece jugar con las reglas ya escritas.
Este 12 de junio, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) validó y asignó los 117 cargos derivados del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial 2025. Aunque el Consejo General aplaudió el cumplimiento de la paridad de género —62 mujeres y 55 hombres—, difícilmente hay motivos para celebrar.
Los números hablan por sí solos: en todas las boletas, el Poder Ejecutivo arrasó con los votos. En las elecciones para el Tribunal Superior de Justicia obtuvo 102,666 votos, seguido por el Legislativo con apenas 32,750, y el Judicial con 33,515. La tendencia se repitió en todos los cargos: el Ejecutivo superó los 100 mil votos en cada boleta, mientras que los votos nulos también fueron notables: 35,971, 35,293, 32,687, y 32,489 en las distintas categorías.
En otras palabras, más de 130 mil ciudadanas y ciudadanos optaron por no elegir o anular su voto, un claro mensaje de desconfianza hacia un sistema donde, como se dijo en más de una mesa de análisis, «los dados ya estaban cargados» y el IEQROO solo fingió su actuación de órgano garante.
Las imágenes de campaña, las listas de candidatos y las estructuras operativas ya evidenciaban una elección decidida antes de llegar a las urnas. En muchas boletas se repetían nombres y apellidos; los mismos aparecían postulados por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En algunos casos, el mismo grupo político proponía y se autoasignaba los espacios de representación, dando la espalda al ideal de contrapesos y autonomía institucional.
Nada puede revertirse a estas alturas. Las personas electas ya fueron validadas y ocuparán sus cargos como juezas, jueces y magistraturas del Poder Judicial. Pero sí es momento de cuestionar el modelo, de exigir que los llamados “órganos garantes de la democracia” dejen de simular y empiecen a actuar con verdadera independencia y rigor.
El próximo gran proceso será la elección a la gubernatura. Es ahí donde no se puede permitir otra farsa. La ciudadanía debe observar, recordar y razonar. Porque la justicia no se hereda ni se impone; se gana con legitimidad y se ejerce con integridad.
Que no se nos olvide quiénes fueron postulados, por quiénes, y con qué resultados. Apréndanse los rostros, memoricen los nombres. Que cuando llegue el momento de exigir rendición de cuentas, no haya excusas ni olvido.
La democracia es más que votar: es vigilar, cuestionar y exigir justicia real.
