Mafia enquistada en la SCT
CHETUMAL.- Aunque desde hace años se ha señalado al Centro SCT Quintana Roo como una verdadera “Cueva de Alí Babá”, se han acentuado los casos de corrupción desde que Francisco Elizondo Garrido asumió la titularidad de la delegación federal.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha mostrado ser una dependencia en la que los funcionarios han buscado beneficiarse del presupuesto público por diversos medios, debido a la cantidad de recursos que maneja anualmente.
Sin embargo, fuentes al interior de la dependencia manifiestan que el desinterés y la falta de conocimiento del actual delegado han abonado a que la corrupción sea más descarada, en perjuicio del presupuesto carretero.
Si durante los dos sexenios panistas de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa se experimentaron casos de corrupción en esta dependencia, para los empresarios y contratistas locales, el Centro SCT vive en el retorno del priismo su peor momento en Quintana Roo.
La situación económica para la mayoría de las empresas constructoras locales es sumamente complicada, debido a que no tienen contratos de obra pública, ya bajo el gobierno federal del PRI y la dirección del delegado militante del PVEM.
Sistemáticamente están perdiendo las licitaciones públicas de las obras que realizan dependencias federales en Quintana Roo, mientas que las empresas foráneas se llevan los contratos o lo hacen empresas creadas por los propios funcionarios de la SCT, como sucede en el caso del titular de la Unidad de Servicios Técnicos, Felipe Puc Hernández, quien creó un laboratorio para favorecerse indebidamente con los estudios de calidad de obras.
Constructoras han manifestado que en los últimos años, al tener los contratos en sus manos, las empresas foráneas subcontratan a las locales, a las cuales lesionan con condiciones abusivas, chantajes y falta de pagos.
Aunque una forma para reactivar la economía es que la inversión pública de los diferentes órdenes de gobierno en materia de compras y obras beneficie a las empresas locales, se experimenta que cada vez son más empresas de origen foráneo las beneficiadas por “invitación y adjudicación directa”.
Fuentes confiables revelaron que millones de pesos del presupuesto de la SCT son desviados para favorecer a lo que llaman “una mafia”, la cual mantiene una vida de lujos a costa de obras de mala calidad, compras con precios inflados y diezmos a discreción, que les sacan a las empresas constructoras.
De hecho, manifiestan que el “diezmo” se ha institucionalizado y recientemente les piden a las constructoras hasta el 20 por ciento del monto total de las obras.
En diversas ocasiones, este medio informativo ha dado cuenta de la mala calidad de las obras carreteras que se realizan con el presupuesto federal de la SCT, haciendo evidente el saqueo de los recursos, donde los beneficios están siendo en su mayoría para las empresas foráneas y la “mafia”, como es calificada la red de corrupción al interior de esta instancia federal.
Tráfico de influencias
En 2012, este medio informativo dio cuenta de cómo el entonces delegado Miguel Ángel Núñez Pérez–Gavilán, el último del gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, aprovechándose de su puesto favorecía a sus “paisanos”, pues durante su gestión se instalaron empresas de Durango en la Entidad para enriquecerse en perjuicio de las empresas locales.
Mediante el Residente General de Conservación de Carreteras, Manuel Borjas Domínguez, originario también de Durango, Núñez Pérez Gavilán otorgaba obras a amigos de su estado de procedencia.
Como ejemplo de este tráfico de influencias, obtuvieron trabajos en la vía Escárcega–hetumal. Las obras de aplicación de fresado y colocación de carpeta en el tramo Nicolás Bravo-Límites con el Estado Campeche con presupuesto de 26 millones 123 mil pesos lo realizó la empresa Gasamaru, que a pesar de no tener su domicilio fiscal en la capital, rentó oficinas y maquinaria.
La reposición de carpeta asfáltica debe contar con una altura de cinco centímetros de espesor y tan sólo le pusieron cuatro centímetros, logrando millonarias utilidades tomando en cuenta que se habla de una superficie de 20 kilómetros que implica la obra
Gasamaru SA de CV, de Sergio Humberto Martínez Muñoz, estaba domiciliada en Paseo del Faisán 110, fraccionamiento Real del Mezquital, en Durango, Durango.
Otro beneficiario de este tráfico de influencias fue el empresario duranguense Fernando Peirot, que dirige la empresa RM 618 SA de CV, a la cual se le otorgó la obra de reparación de losas de concreto y microcarpeta en el tramo Chetumal-Bacalar.
Los trabajos se realizaron con fibras acrílicas de menor calidad, cuando las especificaciones es que aquellas fibras que se le aplican al asfalto deben ser de mayor consistencia.
No obstante, para tapar estas obras de baja calidad, intervienen laboratorios cómplices para acreditar los trabajos a cambio de “mochadas”, para que se entregue la documentación de la obra en forma a la SCT, aún cuando los trabajos no tengan la calidad especificada en las licitaciones.
Uso de información
privilegiada
Exfuncionarios de la SCT ha aprovechado el puesto para beneficiarse, como el exdirector Eduardo Rodríguez Abreu, también del sexenio calderonista, quien fue señalado de incumplir con sus labores, y teniendo información exclusiva se convirtió en ejidatario para recibir el pago de la indemnización que se le hizo al ejido Santa Elena por la misma Secretaria de Comunicación y Transportes para la ampliación de la carretera a la frontera con Belice.
De hecho, se hizo acreedor a un predio de más de tres mil metros cuadrados, sospechosamente ubicado enfrente de donde finalmente fueron construidas las instalaciones aduanales del segundo puente internacional que conecta a México con Belice.
Sin embargo, a pesar de los diversos señalamientos, Rodríguez Abreu fue director del Centro SCT Campeche, y actualmente está a cargo de la delegación en Tamaulipas.
Esperaban cambio
con Elizondo
Empresarios, contratistas, y personal de la SCT, esperaban que la llegada de Francisco Elizondo Garrido permitiera mejorar las condiciones de la dependencia y por lo menos aminoraran las irregularidades con el presupuesto federal; sin embargo, bajo el gobierno priista y la dirección del delegado del PVEM se ha vuelto más descarado el saqueo.
Desde sus primeros días en el cargo quedó en evidencia la falta de conocimiento y el desinterés por los temas importantes de la dependencia, que se han ido incrementando con el paso de los meses.
Por ejemplo, en los bloqueos carreteros del ejido Juan Sarabia, y las manifestaciones del ejido Chetumal, exigiendo indemnizaciones por sus tierras ocupadas, Elizondo Garrido no dio la cara. Recientemente ADO inauguró su nueva terminal y tampoco estuvo presente. Y ante los señalamientos de corrupción de funcionarios de primer nivel del Centro SCT a su cargo no ha fijado una postura, aunque este medio informativo ha solicitado esa información.
Funte: Por Esto! Por Miguel Ángel Fernández
