Cero tolerancia a malos funcionarios
CHETUMAL.- El Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE) dio de baja a dos jueces penales destacamentados en Chetumal y Cancún, además de haber otorgado 10 sanciones de tipo administrativo a igual número de servidores públicos que fueron detectados incurriendo en diversas irregularidades durante el uso de sus funciones; aseguró el magistrado José Antonio León Ruiz.
Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, explicó que con la nueva Ley Anticorrupción implementada por el Gobierno Federal, los 32 estados de la República Mexicana han reforzado las medidas de seguridad para ubicar, detectar y detener a malos funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial e incluso municipal.
En ese contexto, existe una revisión total de las acciones que realizan todos los servidores públicos los 365 días del año.
Agregó que ésto derivó que en el 2015 hayan sido separados de su cargo los dos jueces que laboraban en Chetumal y Cancún, quienes responden a los nombres de Lucía del Pilar Aldana Lizama y Juan Carlos Quintal Canul, debido a que se detectaron graves irregularidades en el desempeño de sus funciones.
En este contexto, dijo que no se les ratificó en el cargo por un periodo de seis años; sin embargo, estas dos personas se ampararon ante la resolución que tomó el TSJE, donde un órgano colegiado determinó separarlos del cargo por su mala actuación.
León Ruiz indicó que también en el 2015 se aplicaron sanciones de tipo administrativa a 10 servidores públicos del TSJE, entre las que destacan llamadas de atención por escrito, suspensión de labores y multas económicas, que en su momento pueden ser antecedentes para darles de baja o proceder legalmente en su contra, debido a que se busca que los servidores públicos a cargo del Poder Judicial en Quintana Roo actúen lo más apegado a derecho en las funciones que se les encomienda.
Finalmente, el magistrado asegura que con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), todos los servidores públicos encargados de la impartición de justicia tienen la obligación de aplicarla correctamente como lo especifica el Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, además de comportarse de manera intachable dentro y fuera de su trabajo, ésto sin dejar de mencionar que deben de estar conscientes de no incurrir en casos de corrupción, abuso de autoridad y otras irregularidades que no solamente les pueden costar el cargo, sino la inhabilitación y cárcel en casos extremos.
Fuente: Por Esto! Por Luis Enrique Tuz
