La CNDH implicó por primera vez, a policías federales en la desaparición de los normalistas
CIUDAD DE MEXICO, (AFP/AP/SinEmbargo/APRO).- Dos agentes de la Policía Federal de México habrían participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) en 2014, informó este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), implicando por primera vez a fuerzas federales en este controvertido caso.
Citando un testimonio no identificado, la comisión aseguró que tiene evidencia para “presumir la participación de elementos de la policía municipal de Huitzuco y de dos elementos de la Policía Federal”, dando un giro a esta investigación que ha sido blanco de duros cuestionamientos por parte de organizaciones internacionales e investigadores independientes.
Eso abre una “segunda ruta de desaparición” de los jóvenes, es decir, una nueva línea de investigación que las autoridades deberían explorar, dijo Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.
La fiscalía general dijo más tarde en un comunicado que “profundizará en esta línea de investigación” y que estableció medidas cautelares para preservar la integridad del testigo que reveló está nueva versión.
Acompañado del responsable de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Trinidad Larrieta Carrasco, González Pérez recordó que desde el 23 de julio de 2015 la CNDH pidió a la PGR “profundizar en las líneas de investigación para indagar sobre la posible participación en los hechos de otras corporaciones de seguridad pública municipal, entre ellas la de Huitzuco, en colusión con organizaciones criminales”, y de dos elemento de la PF, así como para abordar lo que llamó la “segunda ruta de desaparición”.
Esta dependencia ha dicho hasta ahora que los estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa fueron atacados a balazos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala por policías corruptos de esa ciudad y de la vecina Cocula, luego de que los jóvenes se apoderaron de cinco autobuses para realizar protestas.
Siempre según la versión oficial, los jóvenes fueron capturados por policías municipales y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado, incinerado y arrojado sus restos a un río aledaño.
La investigacion oficial “no tiene verdad. En el basurero de Cocula no hay verdad”, dijo de su lado este jueves Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 desaparecidos, quien sostuvo que ahora se confirma la participación de corporaciones federales, tal como lo habían denunciado antes los familiares de las víctimas.
Ahora, la CNDH involucra por primera vez a los elementos de la Policía Federal y a agentes de Huitzuco, un municipio aledaño a Iguala.
Se trata de “la más cruda expresión del horror y del enorme poder corruptor que pueden lograr las organizaciones delictivas de nuestro país”, dijo González Pérez.
Enfrentamiento con piedras, ramas y gases lacrimógenos
El testigo, al que la comisión calificó de “confiable”, observó a los agentes de la Policía Federal frente al Palacio de Justicia de Iguala, en una zona conocida como Puente El Chipote, donde agentes municipales detuvieron uno de los autobuses tomados por los estudiantes.
Ese vehículo transportaba rumbo a la escuela de Ayotzinapa entre 15 y 20 estudiantes, uno de ellos, Alexander de la Mora, el único de los 43 jóvenes desaparecidos cuyos restos fueron identificados plenamente.
Los policías de Iguala, que iban encapuchados, habrían abierto fuego contra los neumáticos del autobús hasta obligarlo a detenerse. Luego, rompieron las ventanas del vehículo con ramas y lanzaron al interior gases lacrimógenos, según el testigo.
Aunque los estudiantes intentaron defenderse con piedras, fueron obligados a descender para luego ser golpeados, esposados y arrojados violentamente al suelo boca abajo.
Los agentes policiales se llevaron a los estudiantes en patrullas, incluyendo tres de Huitzuco, según el testimonio de la CNDH.
“El Patrón”
Esas patrullas fueron interceptadas por los dos agentes de la Policía Federal, quienes preguntaron sobre el procedimiento.
“Se los van a llevar a Huitzuco, allá que el patrón decida qué hacer con ellos”, habrían respondido los policías municipales, según la CNDH.
Esta respuesta bastó para que los agentes federales los dejaran pasar.
Los uniformados federales “habrían permitido que dos corporaciones municipales actuaran en una zona federal, aprobando que los normalistas (estudiantes) sean llevados ante quien identifican como ‘el patrón’, posible líder de una organización criminal y quien resolvería sobre su destino”, lamentó Larrieta Carrasco.
La comisión dijo tener el nombre de uno de los agentes federales, del cual informó a la fiscalía general.
El reporte también sugiere que el control en la zona del cartel, conocido como “Guerreros Unidos”, era mayor del que se pensaba. El grupo supuestamente compró o intimidó a más policías locales y federales e incluso a compañías privadas que según la comisión de derechos humanos se resistieron a compartir evidencia para su investigación.
Larrieta también dijo que compañías privadas ocultaron pruebas que impidieron avanzar en la investigación. El funcionario no reveló los nombres de las empresas o si compañías de buses estaban involucradas.
“Los representantes de las personas morales referidos habrían ocultado información y en su caso, encubierto probables responsables de los hechos”, dijo y añadió que las autoridades deberían investigar a las empresas “para establecer si ello implicaba una contribución a la organización criminal a que se ha atribuido la responsabilidad de los hechos, o si ello se debió a una decisión motivada por intereses particulares”.
En algunas partes de México, compañías han sido forzadas por narcotraficantes a no denunciar los delitos, con la amenaza de atacar sus vehículos, oficinas y empleados.
“Los hechos que hoy se informan pueden constituir una muestra clara de la cooptación de las instituciones municipales por parte de organizaciones delictivas, lo cual se habría evidenciado en los municipios de Iguala, Cocula y ahora con la información que se da a conocer probablemente el de Huitzuco”, señaló Larrieta.
“De igual forma podría ser ejemplo de presunto involucramiento de identificados elementos de la policía federal”, añadió.
El organismo advirtió que lo ocurrido con los agentes federales “trasciende a la omisión de haber actuado conforme a su condición de agentes de una corporación federal, garantes del orden y a lo que las circunstancias les imponían”, por tratarse de una carretera federal.
Además, sostuvo que los agentes no era ajenos a la colusión de los policías municipales con los delincuentes, y es de “suponer que también conocen a la persona que es referida como El Patrón”, lo que hablaría de la “permisibilidad de los agentes federales”.
La participación de policías federales, agregó Larrieta, coincide con declaraciones del chofer del camión y con las de dos policías municipales ante la Procuraduría de Guerrero y ahora procesados en el penal federal de Nayarit.
En su reporte, la CNDH hizo 17 recomendaciones a la PGR, entre ellas garantizar la integridad del testigo de estos hechos; realizar acciones de búsqueda en la zona de Huitzuco; indagar sobre la “interacción de las tres corporaciones con miembros de la delincuencia organizada”; investigar las cuentas bancarias de los policías federales, y solicitar la ampliación del soldado que estuvo presente durante la agresión.
También se sugirió a la PGR explicar cómo llegaron los restos de Alexander Mora a Cocula si es que se lo llevaron policías de Huitzuco; determinar por qué fueron desaparecidos los estudiantes que viajaban en los camiones que salieron de Chilpancingo, el 1531 y el 1568 de Estrella de Oro; ampliar la declaración del chofer y los policías detenidos, e identificar quién es El Patrón.
Asimismo, investigar a quienes aparecen señalados en narcomantas con los hechos, y recuperar el video del Palacio de Justicia, entre otras acciones.
PGR afirma que indaga esta línea de investigación
Por su parte, la PGR dijo en un comunicado que en el marco de la investigación del caso Iguala “ha sido receptiva con los planteamientos hechos por las diversas instancias en materia de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales”.
Informó que en el caso de lo informado hoy por la CNDH, se solicitaron medidas cautelares para la protección y salvaguarda del testigo “quien refiere la probable participación de elementos de otros cuerpos policiales en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala y Cocula”.
Lo anterior, dijo la dependencia, con el propósito de “continuar y agotar las líneas de investigació”.
Reiteró incluso que “de manera oportuna y a satisfacción del interviniente, estableció las medidas cautelares necesarias e idóneas para preservar su seguridad e integridad así como la de su entorno familiar”.
Finalmente, la PGR aseveró que “profundizará en esta línea de investigación y en su momento se darán a conocer los resultados que correspondan y respondan a los planteamientos que hoy realiza la CNDH”. Y dijo que continúa con la investigación y persecución de los hechos.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a la que están adscritos los agentes federales, dijo el mismo jueves que la revelación no es tal.
Todos los policías federales que estaban esa noche en la región declararon ante el ministerio público “sin que hasta el momento se haya confirmado alguna responsabilidad en su contra”, dijo la CNS en un comunicado.
El GIEI lo advirtió
Desde septiembre del año pasado, la versión de que agentes de la Policía Federal estuvieron en la llamada “noche de Iguala” fue exhibida por expertos internacionales. Carlos Beristain, del Grupo de Expertos de la CIDH, dijo a The Guardian que “la hipótesis de que los estudiantes fueron confundidos con una banda rival ha sido completamente descartada”, y refirió que la hipótesis sobre el quinto autobús.
“Hay elementos que apuntan a la misma, y esto podría explicar el modus operandi de esa noche”, dijo en una inusual entrevista.
Al reconstruir la evidencia fragmentada en las primeras etapas de la investigación oficial referente al autobús, los expertos concluyeron que el “quinto autobús” es el único que fue detenido por la Policía Federal, en lugar de ser baleado por la policía municipal.
Los agentes federales aparecen en distintos momentos, insistió desde entonces el GIEI, que terminó su mandato y deberá dejar el país por disposición del Gobierno de México.
Beristain dijo cuando se presentó el informe que después de la desaparición “hay una visita de una patrulla del Ejército y también existen evidencias de que hay un nivel de coordinación, ya que un testigo clave dijo que fue llevado a un lugar donde alguien daba las órdenes en una casa del centro de Iguala”.
Destacó que hay 700 familiares directos que han sufrido las consecuencias de la desaparición forzada de los estudiantes, además de “seis ejecuciones extrajudiciales, 40 lesionados y 43 desaparecidos”.
Ángela Buitrago, una de las expertas, afirmó además que el Ejército y la Policía Federal tuvieron conocimiento del movimiento de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, antes de la desaparición de los 43.
Justo hoy, el Presidente Enrique Peña Nieto reiteró que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa deben concluir su trabajo a finales de este mes, pues el Gobierno mexicano cumplió con el acuerdo de “coadyuvancia” que tenía por objetivo “enriquecer” la labor de la institución responsable del caso, que es la Procuraduría General de la República (PGR).
“Es un acuerdo que se está cumpliendo con un tiempo determinado y que fue ampliado por seis meses tras haberse solicitado hacerlo por cuatro. Esa es la posición que tiene el Gobierno”.
Fuente: Por Esto!
