Miles de maestros de la CNTE realizaron una numerosa en contra de la Reforma Educativa
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hace 10 añosen
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.- Decenas de miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron este viernes una de sus marchas más multitudinarias de las que han realizado en sus 37 años de existencia, esto para protestar en contra de la reforma educativa.
Miembros de organizaciones sociales, activistas y ciudadanos, padres de familia, alumnos y líderes del movimiento magisterial participaron en el recorrido de varios kilómetros desde la salida poniente de la capital del estado rumbo a la plaza central. La columna humana se extendía a lo largo de 5 kilómetros.
Adelfo Alejandro Gómez, Secretario General de la Sección del SNTE, Alberto Mirón, Pedro Gómez Bámaca, Manuel Mendoza, entre otros líderes esa misma sección sindical, así como los liderados de la Sección 40 por José Armando Falconi Borrás, encabezaron al manifestación que advirtieron sería pacífica en todo su trayecto.
Dieron la orden de que nadie realizara actos vandálicos y quien fuera sorprendido sería amarrado. Que nadie se encapuchara o cubriera el rostro. Que si se detectaba a algún supuesto infiltrado la orden era detenerlo y llevarlo a la plaza central.
En ambos lados de la columna humana los maestros extendieron un hilo o cordón para tener un mayor control de quienes iban en la manifestación y nadie se infiltrara sino era conocido dentro de las filas magisteriales.
A lo largo del recorrido ciudadanos, padres de familia y alumnos extendían pancartas en el que manifestaron su apoyo el movimiento magisterial: “Maestro tu me enseñaste a leer, ahora me enseñas a lucha”, se leían en algunas cartulinas.
Llegaron a la plaza central donde realizaron un mitin, ahí se quemaron uniformes escolares verdes otorgados por el gobierno de Manuel Velasco Coello y entre la turba fue detectado un supuesto infiltrado que al parecer se identificó como un policía vestido de civil.
Tanto Adelfo Alejandro Gómez como Manuel Mendoza, líderes del movimiento magisterial exigieron al gobierno estatal y federal una mesa de diálogo y negociación pues hasta ahora son ellos los que se han cerrado a abrir las puertas por esa vía.
Los maestros dijeron que se preparan las marchas del domingo 1 de mayo y la del 15 de mayo que será un paro nacional de labores.
En esta ocasión los cuerpos policiacos estatales o federales estuvieron ausentes a lo largo del recorrido de la movilización.
La única amenaza que pesa sobre los maestros es el descuento salarial que advirtió la Secretaria de Educación, Sonia Rincón Chanona, una amiga y vieja discípula de Elba Esther Gordillo Morales.
En la marcha no se vio a ninguno de los 18 detenidos el pasado viernes 15, pero se confirmó que ayer jueves por la mañana llegó procedente de la Ciudad México la maestra de preescolar Yuri del Carmen Pérez de 30 años, miembro de la Sección 40 del SNTE y detenida por la Policía Federal el pasado viernes 15. Salió en libertad bajo caución al pagar 28 mil pesos de fianza. Su familia, sus amigos y compañeras maestras, pero sobre todo su pequeña hija las recibieron alegres por estar de regreso a casa.
Hoy llegaron el resto de los 17 detenidos que fueron llevados al penal federal de Tepic, Nayarit.
Manuel Mendoza, líder del sector magisterial en al región Altos de Chiapas, calificó es marcha como de histórica, como una de las más importantes desde la fundación de la CNTE en 1979.
Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), dijo esta tarde que constató que los manifestantes realizaron este viernes su protestas de forma ordenada y pacífica por las principales calles de la capital chiapaneca.
Así también, el organismo defensor de los derechos humanos en la entidad, presenció que las autoridades de la seguridad en Chiapas, se mantuvieron al margen pero atentos ante posibles brotes de violencia o posibles manifestaciones fuera del orden.
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan Óscar Trinidad Palacios, instruyó a los Visitadores Generales Especializados de la Mujer, Migrantes e Indígenas, así como al Coordinador de Visitadores Regionales Adjuntos, para que el personal del organismo acompañara durante su travesía y estancia a los marchistas, quienes dieron fe de que todo transcurrió sin violencia, ni altercados con la sociedad civil.
Represión al magisterio en Chiapas, expresión de la violencia generalizada
A continuación, el texto íntegro del comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana:
Chiapas, una de las entidades con mayores índices de pobreza en el país, se encuentra inmersa, desde hace décadas, en un contexto de violencia y guerra contrainsurgente, que se ha recrudecido y generalizado por la creciente presencia de grupos de corte paramilitar que operan bajo el auspicio de los tres niveles de gobierno, en complicidad y connivencia, con la delincuencia común y el crimen organizado, incentivando la impunidad y el surgimiento de fuertes conflictos como los que se viven en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pantelhó, Simojovel, Venustiano Carranza, Las Margaritas y Oxchuc, en donde la población se ha manifestado ante el abuso de poder de representantes del Partido Verde Ecologista de México quienes llegaron a las alcaldías municipales a través de elecciones fraudulentas para tener el control del territorio y permitir la apropiación de los bienes naturales.
En este contexto de fuerte descontento social e implementación de reformas estructurales, el Gobierno mexicano ha decidido mostrar su rostro autoritario ante la movilización de maestros y maestras, obedeciendo a intereses neoliberales de privatización de la educación pública y a la par de eliminación de derechos laborales para el Magisterio, encubiertos bajo una evaluación que permitirá, supuestamente, mejorar el nivel educativo.
Así el pasado viernes 15 de abril de 2016, la Policía Federal y la Estatal de Chiapas cumplieron con la orden de reprimir las manifestaciones que reivindican el derecho a la educación pública, a la salud y los derechos laborales, las cuales habían sido convocadas por maestros y maestras de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Suchiate, Ciudad Cuauhtémoc, Cintalapa, Comitán, Playas de Catazajá, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
En San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, la represión incluyo la presencia de la Policía Municipal, así como el uso de balas de goma y gases lacrimógenos, estos últimos proyectados desde helicópteros. La acción estatal se caracterizó por un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza pública poniendo en riesgo la vida, integridad y la seguridad de la población civil que circulaba, trabaja y vive en los lugares de los hechos y de las personas que ejercían su derecho a la protesta y la libertad de expresión. De especial preocupación son las afectaciones a mujeres, niñas, niños y personas mayores. Lo anterior resultó en graves violaciones a los Derechos Humanos: privaciones arbitrarias de la libertad, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura, faltas al debido proceso y vulneración de garantías judiciales.
Es indignante como el Estado hace uso de la violencia, en nombre de la paz social y el orden público, para detener la protesta social y criminalizar a quienes legítimamente se organizan para defender sus derechos y manifestar su rechazo en contra de las políticas públicas que promueven la desarticulación del tejido social, el empobrecimiento, la impunidad y promueven modelos de economía neo-extractivista que han desbordado la violencia.
Reprobamos enérgicamente la decisión del ejecutivo federal, estatal y municipal de optar por la violencia y el uso de armamento prohibido en el ámbito internacional de los derechos humanos, bajo el argumento de mantener la paz social y la protección de los derechos de terceros.
Rechazamos las acciones de intimidación que se visibilizan en detenciones y traslados arbitrarios fuera de la Entidad (10 maestros y 8 maestras al penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, la mañana del sábado 16 de abril), así como la conducta de las autoridades para impedir a las personas privadas de su libertad el acceso a una defensa adecuada ya que se les mantuvo incomunicadas, durante las primeras doce horas siguientes a su detención, además personal de la Procuraduría General de la República impidió el trabajo de defensoras y defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que se encontraba documentando los hechos, siendo especialmente grave la situación del profesor Gregorio de la Cruz Vázquez, indígena cho’l, al que se le daba por desaparecido, quien fue torturado por la Policia estatal y actualmente continúa injustamente preso judicializado por su acción de protesta.
Quienes firmamos este comunicado responsabilizamos al Secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, quien había publicado su compromiso de “privilegiar el diálogo y el cumplimiento irrestricto del marco jurídico como única vía para encontrar soluciones a los problemas de los chiapanecos”; a Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado, a Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad y a Jorge Luis Llaven Abarca, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a quienes Frayba había informado de la grave situación urgiendo a evitar eventos y/o daños de imposible reparación; A Enrique Peña Nieto, Miguel Angel Osorio Chong y Aurelio Nuño Meyer quienes son causantes de la política represiva del actual régimen.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, a que manifieste su desacuerdo ante este contexto de represión y violencia que impacta a la población en general, y que tiene como finalidad la desarticulación de los movimientos sociales para infundir terror. Exigimos al Estado que ante las acciones de protesta magisterial ya anunciadas evite el uso de la violencia y haga prevalecer el diálogo.
Nos pronunciamos a favor del derecho a la educación y a la salud públicas, a la manifestación y protesta social así como a favor de los derechos laborales. Reprobamos el uso de la violencia contra quienes buscan ejercer estos derechos.
Fuente: Proceso
