CHETUMAL.- Micro y pequeñas empresas capitalinas se han visto obligadas a cerrar por demandas laborales, por lo que se considera necesario impulsar una cultura de prevención al momento de la contratación.
Lo anterior quiere decir que cada contrato individual de trabajo deberá ser “hecho a la medida”, a fin de que las empresas puedan permitirse dejar claras las responsabilidades y obligaciones que tendrá cada empleado. Además se debe documentar todas las incidencias habidas durante la relación de trabajo, ya que en caso de una terminación laboral, éstas serán sustento suficiente para realizarlas con el menor riesgo posible para las empresas.
Sobre este tema, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Chetumal Quintana Roo, Héctor Pérez Rivero, reconoció que algunas microempresas quiebran y están destinadas a no reabrir debido a las demandas laborales que enfrentan.
“El consejo para este tipo de casos es que los empresarios elaboren un contrato laboral estableciendo días de trabajo, horario, especificar el tipo de actividades, el sueldo y la temporalidad”, dijo Héctor Pérez Rivero.
En el caso de los trabajadores, dijo que el llamado es a la conciencia y a llegar a un acuerdo conciliatorio, porque alargar el proceso legal en busca de mayores recursos de algunas micro o pequeñas empresas, no es garantía de que pueden terminar sin cobrar nada.
Explicó que en la ciudad de Chetumal desde hace años existe un problema económico que ha derivado en que las pequeñas empresas tengan menores ventas y se vean obligadas a despedir trabajadores en la búsqueda de sobrevivir ante este entorno adverso.
El problema se complica tomando en cuenta que la mayoría de las empresas no paga seguro social a trabajadores y no tienen cómo comprobar si pagan prestaciones, por lo que algunos ciudadanos necesitados, escudados en el mal asesoramiento de abogados, demandan por la vía laboral a los micronegocios.
El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Chetumal relató que, en semanas previas, se atendió el caso de una tortillería que fue demandada por un repartidor. El trabajador demandó a la empresa por despido injustificado y no quiso negociar, porque pretendía ganar 100 mil pesos. En este caso, el trabajador ganó el caso por 150 mil pesos, pero no pudo cobrar, porque la empresa no tenía capital y los edificios y el equipo no estaban a nombre del patrón. En medio del conflicto legal, los microempresarios cerraron definitivamente y se vieron forzados a irse a otro estado para comenzar de nuevo.
Fuente: Por Esto! Por Miguel Ángel Fernández