¡Aguas con los prestamos!
Chetumal.- Patricia Palma Olvera, presidenta del Consejo Ciudadano y El Barzón Quintana Roo, indicó que han tenido conocimiento de préstamos personales que se dan en la ciudad de Chetumal, en el que los prestamistas son señalados como presuntos colombianos, aunque dijo desconocer si estos casos están vinculados o no a la red delictiva que opera en Quintana Roo.
Dijo que es urgente que la Fiscalía General del Estado (FGE) haga la investigación pertinente y resuelva prontamente el caso de una presunta banda delictiva de prestamistas colombianos que operan en el estado, pues se trata de un asunto muy grave y delicado donde está en riesgo el patrimonio y la seguridad de las familias.
“Nosotros no podemos decir mucho al respecto, pero entre lo que comenta la gente es que existen prestamistas, presuntamente colombianos, que te ofrecen dinero inmediato sin aval, sin garantía y sin pedirte algún documento a cambio, pero luego las personas son amenazadas a la primera semana que dejan de pagar. No podemos asegurar que se trate de una banda delictiva, porque eso ya compete a la autoridad investigar, pero sí nos preocupa porque puede estar en riesgo el patrimonio y la seguridad de las familias”, comentó.
En ese sentido, lanzó un llamado urgente a la FGE para atender, investigar y resolver este caso, pues la ciudadanía merece estar informada de lo que está ocurriendo en el estado.
Asimismo, recomendó a la ciudadanía en general no aceptar ningún préstamo de personas sospechosas y que no te piden garantías, pues no se sabe la procedencia de ese dinero y mucho menos la conducta y prácticas de cobro que ejercen esas personas.
Indicó que muchos delitos y prácticas ilegales son fácilmente cometidos en el sector financiero debido a la inutilidad de las leyes, a la falta de una regulación sólida y el poco alcance que tienen los organismos y autoridades relacionadas.
“Simplemente las leyes son muy débiles al respecto, por eso abundan las financieras irregulares y los usureros sin papeles, y las autoridades no hacen mucho al respecto porque están atadas de manos para intervenir, porque en el país y en el estado no contamos con leyes y marcos regulatorios estrictos para detectar y erradicar este tipo de problemas”, concluyó.
