Chetumal.- Ante la presunta omisión de cumplimiento a la legislación vigente en el caso de una mujer que fue víctima de violencia de género, la XV Legislatura aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, para que instruya a los elementos a su cargo a cumplir y respetar el “Protocolo de Actuación del Primer Respondiente”, “Protocolo de Actuación Policial en materia de Género”, así como diversas leyes en la materia.
Además, también le demandan a las autoridades que presenten en un plazo no mayor a 10 días, un informe sobre las medidas y acciones a implementar para dar cabal cumplimiento a la normatividad y políticas públicas tendientes a eliminar la violencia de género y su atención eficaz.
En la sesión ordinaria número 31, presidida por el diputado Fernando Zelaya Espinoza, integrantes de la XV Legislatura avalaron el punto de acuerdo después de hacer diversos pronunciamientos en tribuna desde donde todos condenaron los hechos y exigieron se dé con el responsable y, en caso de que las investigaciones así lo demuestren, se sancione a las autoridades involucradas, sean del nivel que sean.
Aunque el acuerdo fue presentado originalmente por las diputadas Eugenia Solís Salazar, Adriana Chan Canul, Elda Candelaria Ayuso Achach, Yamina Rosado Ibarra, Leslie Hendricks Rubio y Gabriela Angulo Sauri, en la sesión se sumaron el resto de los diputados del Congreso local, quienes externaron su preocupación por el actuar de los primeros respondientes en el reciente caso de la mujer agredida en la ciudad de Chetumal.
Los legisladores mencionaron que tras conocer las versiones dadas a conocer por la Fiscalía General del Estado y la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, se presume un incumplimiento de los protocolos de actuación en materia de género y demás ordenamientos vigentes, lo que representa una grave omisión.
“El incumplimiento de éstos no sólo contraviene a los principios de actuación de las autoridades ante posibles hechos delictivos como lo es la violencia feminicida, sino que podrían desembocar en que el posible responsable se sustraiga de la acción judicial, limitando el acceso a la justicia de la víctima de estos hechos atroces e imposibilidad la plena reparación del daño a las personas agraviadas”, señala el punto de acuerdo.
En el texto, también se menciona que la inadmisible falta de perspectiva de género y de debida diligencia en la prosecución de un hecho delictivo, por parte de funcionarios públicos que actuaron como primeros respondientes del suceso, lesiona los derechos de las víctimas e indigna a toda la sociedad quintanarroense y en su caso, configura los delitos establecidos en los artículos 98-Ter y 248 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, y como tales deben ser sancionados.
