BIEN DICE EL DICHO “CONSTRUIR EN TERRENO AJENO, NUNCA HA SIDO BUENO”

EL MUNICIPIO LO SABE Y NO QUIERE PROBLEMAS CON LA FEDERACIÓN

El día de hoy habitantes de las comunidades de la zona limítrofe acudieron a las instalaciones del Congreso del Estado para interponer una solicitud de juicio político contra la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández.

Los inconformes alegan que el ayuntamiento capitalino excluyó a 30 comunidades que se encuentran en la frontera con el estado de Campeche, de poder beneficiarse con obra pública.

Lo cierto del caso es que de acuerdo a los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (FISMDF) que regula la Secretaria de Bienestar quien determina con el INEGI a las localidades que le pertenece a cada Estado y municipios donde se invertirán dicho fondo, de las 36 comunidades de la zona limítrofe solo 6 pueden ser beneficiadas.

Esto en el entendido de que se acata la instrucción de las autoridades federales quienes emiten el listado de las comunidades que pueden ser beneficiadas con fondos federales y en las que no se puede porque están fuera de los límites divisorios del Estado de Quintana Roo.

Representantes de los inconformes señalan que el INEGI no tiene facultades constitucionales para decidir límites entre comunidades, todas las instancias de gobierno incluidas las del Ayuntamiento tienen la obligación de atender a las comunidades de la zona limítrofe porque son de Quintana Roo.

Aunque los manifestantes señalan que la administración municipal actúa de “mala fe”, lo que en realidad se está haciendo es apegarse a los lineamientos que marcan el propio fondo y las dependencias federales, pues dicho recurso proviene de ahí, viene etiquetado y con sus propias especificaciones y reglas para poder acceder a él.