Ejidatarios de la comunidad de Juan Sarabia realizaron una manifestación y un bloqueo momentáneo de la carretera para exigir la intervención de las autoridades estatales y agrarias ante un conflicto que, aseguran, ha generado años de división e incertidumbre dentro del núcleo ejidal.
Integrantes del ejido señalaron como principal responsable de la situación a Rodolfo Valle Villaseñor, excomisariado ejidal, a quien acusan de promover constantes demandas contra las autoridades ejidales en turno y de obstaculizar proyectos de desarrollo en la comunidad.
Los manifestantes afirmaron que las acciones legales emprendidas han provocado desgaste económico y social para los ejidatarios, quienes frecuentemente deben acudir a tribunales para atender los procesos judiciales.
El comisariado ejidal, Leonel Cantú, señala que el malestar de los habitantes ha ido en aumento debido a que, según dijo, las controversias legales se han prolongado durante varios años sin una solución definitiva. Asimismo, aseguró que la reciente movilización fue resultado del cansancio acumulado entre los integrantes de la asamblea.
Por su parte, varios ejidatarios expresaron su preocupación por presuntos intentos de apropiación de aproximadamente mil 500 hectáreas de tierras de uso común, aunque dichas acusaciones no han sido acreditadas mediante resolución judicial pública.
Los inconformes también solicitaron la intervención de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, para atender la situación y contribuir a la estabilidad social del ejido, el cual consideran estratégico para el desarrollo económico de la zona sur del estado.
Además destacaron que Juan Sarabia cuenta con potencial agrícola, ganadero y turístico, por su cercanía con Chetumal, por lo que consideran fundamental mantener condiciones de certeza jurídica y paz social para impulsar inversiones y proyectos productivos.
Los ejidatarios reiteraron su llamado a las autoridades agrarias y judiciales para que revisen los expedientes relacionados con el conflicto y emitan resoluciones que permitan poner fin a una disputa que, aseguran, afecta el desarrollo y la tranquilidad de la comunidad.
