Chetumal.- Luego de que a Fiscalía General del Estado responsabilizara al Congreso de Quintana Roo, de que no se hiciera efectivo un aumento salarial autorizado para los policías ministeriales y trabajadores de esta dependencia, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, se deslindó de tal acusación.
El diputado dijo que lo que ocurre es que el flujo de los ingresos del estado no van a la par de lo planeado, por ello es que a veces los recursos no se dan a tiempo.
“En el caso de la fiscalía ahí está el decreto y el congreso no tiene facultad alguna de modificar o hacer un cambio al respecto. Por ello quienes tienen que dialogar son la Fiscalía y la SEFIPLAN en busca de que se cumpla con el decreto.
El congreso lo que hizo fue aprobar y mandar a decreto, nosotros somos la parte legal, no la parte administrativa, y es importante mencionar que tampoco controlamos ingresos ni las transferencias; de eso de encarga la SEFIPLAN, que es quien administra los recursos”, indicó.
De igual manera señaló que no se pudo haber aprobado algo de lo que no se tenga sustento económico, y dejo en claro que el problema que existe en la fiscalía es que hay un desfase de las necesidades urgentes y la capacidad financiera que tiene el estado para dotarles de presupuesto, en pocas palabras que existe una insuficiencia financiera para otorgar el recurso.