Lucha jurídico social que desde hace varios años ha emprendido el abogado Andrés Blanco, en poro de los derechos de los habitantes de la zona limítrofe rindió sus primeros resultados durante la administras estatal de Carlos Joaquín, la cual por mandato judicial tuvo que destinar 70 millones de pesos para dotar de agua a comunidades de la zona antes mencionada.
Y es que por años escudándose con que la zona estaba en litigios ninguna autoridad quería invertir en ella, mientras tanto las familias no tenían acceso al agua potable y desde hace mucho se ven en la necesidad de obtener el agua de aguadas, las cuales en tiempos de sequía sequia se convertían en charcos.
Gracias al trabajo del abogado la SCJN el 30 de junio del 2021 resolvió que dijo no existía ningún impedimento para que Quintana Roo invierta en la zona limítrofe.
Andrés blanco señaló que la última sentencia obliga a dotar de agua a varias comunidades entre ellas Felipe Ángeles, respecto al tema la CAPA presento proyecto en que establece que se requiere de 252 millones de pesos para dotar a 9 localidades.
De dicho monto ya fueron invertidos 21 millones, por lo que la administración entrante deberá destinar 232 millones de pesos para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación con sede en Cancún.
Cabe destacar que dicha sentencia también obliga al congreso local a destinar los recursos suficientes, ya que si el presupuesto de la CAPA es insuficiente, el tema regresa al congreso para que se etiquete el monto que sea necesario.
“Actualmente se trabaja en la construcción de un pozo de 300 metros de profundidad en la localidad de Guillermo Prieto, una vez concluido deberán hacerse las pruebas pertinentes para saber si el agua es apta para el consumo humano, y si resulta lo contrario los costos podrían elevarse.
Hay otras comunidades que al ver los avances que hemos logrado quieren sumarse y no solo con el tema de agua, hay otros temas también. Con ello la nueva administración estatal tendrá que buscar la manera de solventar lo pendiente. Pues de no atenderse el tema existe la posibilidad judicializar las demandas sociales, con lo que el gobierno tendría que aplicar recursos superiores a los 400 millones de pesos.
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