La Legislatura de la Justicia Social llevó a cabo sesiones ordinarias en las que dio lectura y turnó a comisiones diversas iniciativas que buscan actualizar el marco legal de Quintana Roo en temas de derechos digitales, educación, turismo, salud mental, cultura, economía circular y protección de niñas, niños y adolescentes.

Entre las propuestas destaca la presentada por el diputado Jorge Sanén Cervantes, que busca elevar a rango constitucional el derecho al acceso universal a las tecnologías digitales en condiciones de igualdad, seguridad y libertad. También plantea establecer principios éticos y mecanismos de supervisión para el uso de inteligencia artificial por parte de los gobiernos estatal y municipales.

En materia educativa, la diputada Jimena Lasa Aguilar propuso garantizar la igualdad sustantiva en los planes de estudio, capacitar al personal docente para erradicar estereotipos y establecer mecanismos de revisión de materiales escolares. Por su parte, el diputado Santiago Frías Canché planteó fortalecer la educación ética y ciudadana desde las primeras etapas escolares, con herramientas para prevenir y rechazar actos de corrupción.

En el sector turístico, la diputada Tepy Gutiérrez Valasis presentó una iniciativa para armonizar la legislación estatal con los estándares de ONU Turismo y mejorar la coordinación entre el estado y los municipios en materia de planeación, promoción y competitividad.

Asimismo, se turnó a comisiones una propuesta para garantizar atención psicológica gratuita e inmediata a víctimas desde su primer contacto con las instituciones.

En materia cultural, se planteó establecer como permanente y obligatoria la celebración del Festival de Cultura del Caribe en los 11 municipios de Quintana Roo, además de garantizar recursos presupuestales anuales, crear un comité organizador ciudadano y académico y constituir un fideicomiso público para su administración.

Otras propuestas buscan diversificar la promoción turística hacia nuevos destinos, incorporar criterios de sustentabilidad e inteligencia de mercados, expedir la Ley de Economía Circular del Estado y endurecer las penas por corrupción de menores, planteando sanciones de 8 a 15 años de prisión para quienes induzcan o faciliten conductas delictivas o adictivas entre niñas, niños y adolescentes.

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación, por lo que todavía deberán avanzar en el proceso legislativo antes de convertirse, en su caso, en nuevas disposiciones legales para Quintana Roo.