PRI, PAN y PRD le dan “cheque en blanco” a Enrique Peña Nieto para violentar los derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO, (Sin Embargo/Apro/Notimex/El Universal).- En su primer día de sesiones después del descanso de Semana Santa, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados decidió aprobar el dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución, en el que quedan suspendidos los derechos y garantías que fuesen un obstáculo para la intervención del Gobierno federal en algún conflicto social.
Esta norma regula el procedimiento para decretar la restricción o suspensión de garantías, a fin de que el Ejecutivo enfrente situaciones de amenaza o emergencia en territorio nacional.
Rocío Nahle García, diputada coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), consideró que la reglamentación es un “cheque en blanco” que fue dado por el resto de partidos al Ejecutivo federal, puesto que deja vacíos legales que pueden violentar los derechos humanos.
El texto de 34 artículos y dos transitorios precisa que esto solo procederá en casos de invasión; perturbación grave de la paz pública (situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacerles frente).
También en casos de grave peligro o conflicto (circunstancias excepcionales que generen afectaciones a la población por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien, por acciones que los expongan a emergencias o desastres, sean de origen natural o antropogénico).
“No puedes quitar garantías, ¿por cierto tiempo?, ¿por cuánto?, especifícalo, ponlo en la Ley, pon la reglamentación en la Ley, pon cuándo va a determinar el Presidente que hay condiciones, colócalo. Si hay una guerra, en una pandemia, coloca las situaciones, pon las condiciones, no lo hicieron, lo dejan abierto. Amén de quitarle garantías cuando se les ocurra”, detalló.
La diputada Nahle García que encabezó la oposición a la reglamentación refirió que el trasfondo de esta iniciativa enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto al Congreso, el 22 de octubre del 2013, no es más que asegurar la instalación de los proyectos internacionales que vendrán al país a partir de las reformas estructurales.
“Es con miras a someter a la población, pero también va ligado de la mano con garantizar en términos jurídicos, darles garantías a los extranjeros, porque ya tenemos invasiones en Puebla, en Tlaxcala, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas sobre trabajos de explotación y exploración y ya hay una manifestación muy fuerte de la ciudadanía”, detalló.
Ahora el dictamen pasará a ser estudiada en la Comisión de Derechos Humanos, y de ser aprobada ahí pasará al pleno para su discusión general. La mayoría de diputados consultados prevén que esta reforma pase en el actual periodo de sesiones que termina en abril.
La Diputada refirió que el documento deja abierta la posibilidad de que tropas extranjeras se instalen en el país, si el Presidente lo consiente.
El Artículo 3 del dictamen aprobado en la Comisión detalla que se entenderá por invasión cuando exista: “La entrada de fuerzas armadas, sin la autorización correspondiente, pertenecientes a otro Estado, a cualquier parte del territorio nacional”.
“El espíritu de la Constitución del 17 era la soberanía, aquí [en el dictamen] qué tenían que entrar con o sin autorización. Entonces, ¿quién va a dar autorización de que las fuerzas armadas de otro país entren? Bueno, pues el Presidente, eso lo está marcando esta Ley Reglamentaria. Es muy grave”, dijo Nahle.
Además del aval de la Comisión de Gobernación, que preside la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, el documento también debe ser aprobado por la de Derechos Humanos antes de ponerse a consideración del Pleno.
En la reunión de la Comisión de Gobernación, los representantes del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) decidieron avalarla.
Indica que el presidente de la República debe someter a consideración del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso, el proyecto de decreto para declarar una restricción o suspensión.
Aclara que estas últimas soberanías tendrán que considerar el caso de obvia y urgente resolución, votarlo en un plazo no mayor a 48 horas y convocar a sesión extraordinaria, de ser necesario.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su parte, deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad y validez de los decretos.
En el capítulo IV el dictamen estipula el Control Parlamentario del Congreso de la Unión sobre dicha acción jurídica.
Para ello, agrega, el Ejecutivo está obligado a entregarle informes detallados sobre las medidas administrativas y legislativas adoptadas, sobre su aplicación, y sobre la evolución de la situación cada 30 días durante el tiempo que esté vigente el decreto.
Sin embargo, los parlamentarios de MORENA insistieron en que este argumento no es una garantía de que se respetará la independencia de poderes. De acuerdo con el dictamen cuando se aplique la suspensión, deberá ser calificada como un asunto de urgente y obvia resolución.
“De continuar las cosas como están, el Congreso aprobaría las solicitudes del Presidente, como lo hace ahora, cuando pasa las cosas en automático”, dijo Nahle.
Por su parte, el PRI argumentó que el país debe estar preparado ante situaciones como las que están aconteciendo en otros países. Donde la perturbación del orden social sucede con frecuencia.
“Qué pasaría si se nos presentara una situación como la que ha planteado el Ejército Islámico en Europa y no estuviéramos preparados, y no existiera este marco legal. No estamos previendo que esto vaya a ocurrir, pero México tiene que estar preparado para responder como cualquier otro país”, comparó el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
Pese a que la minuta estuvo desde antes que entrara la actual legislatura en la Cámara de Diputados, legisladores miembros de la Comisión de Gobernación acusaron no haber sido informados con suficiente tiempo para analizar el documento.
“Me avisaron hace una semana. Y como no tuvimos reunión con mi grupo parlamentario pues mejor decidimos razonar el voto y abstenernos [en la Comisión de Gobernación] con miras a la discusión plenaria. De ser el caso presentaremos reservas“, dijo el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Macedonio Támez Guajardo.
El PRD fue la bancada más duramente cuestionada por MORENA. El diputado del partido del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva, detalló que la propuesta aprobada ya incorpora distintas modificaciones con las que no contaba cuando fue presentada en el Senado.
“Entiendo que en estos términos fue votado en la Comisión de Gobernación aquí en la Cámara; pero lo que yo platicaba con el coordinador de la bancada del PRD, Martínez Neri, hace algunos minutos también, es que lo debíamos analizar con mucho cuidado antes de que pudiera pasar sin más a debatirse en el pleno y, en su caso, aprobarse o rechazarse”, dijo.

Fuente: Por Esto!