Eruviel Avila, se echó para atrás y pidió a la Suprema Corte acción de inconstitucionalidad contra su “ley Atenco”
LERMA, Estado de México, (apro/El Universal).- El gobernador priista Eruviel Ávila reculó y solicitó a la Legislatura mexiquense promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la “ley Atenco” que él mismo alentó.
Durante la inauguración de la plaza Estado de México en esta localidad y a solo 24 horas de que organizaciones civiles anunciaran una lluvia de 100 mil amparos contra el citado ordenamiento, el mandatario reculo al pedir públicamente a los diputados que aprobaron su iniciativa promover ellos mismos el recurso de inconstitucionalidad.
El mandatario mexiquense reconoció que su determinación surgió tras escuchar las voces que se han pronunciado en contra de la también llamada “ley Eruviel”.
“Un gobierno democrático escucha a la gente, todas las voces, aunque no estemos de acuerdo; ya canalizamos sus demandas”, justificó.
Por esta razón, adelantó, “he solicitado, con profundo respeto y ánimo de colaboración entre poderes –a los coordinadores parlamentarios— promuevan una acción de inconstitucionalidad respecto de esta ley”, anunció.
Ávila Villegas indicó que tuvo que recurrir a esta vía porque la Constitución no faculta a los Ejecutivos locales a promover esa figura.
“He solicitado a los diputados locales la promuevan, no porque considere que esta ley viola la Constitución, nosotros la promovimos, sino porque es la única vía para pedir a la SCJN que la revise y verifique si es respetuosa de los derechos humanos y los argumentos vertidos son correctos”, reconoció.
“El peor escenario para los derechos humanos, es no tener regulación sobre la fuerza, es decir, que cada quien haga lo que crea que puede hacer o que debe hacer, no, debe hacerse lo que la ley marca y por eso, es que enviamos esta iniciativa y fue aprobada por una gran mayoría en la Cámara de Diputados local”, indicó.
Esta acción, aseguró, ya fue consensuada con los coordinadores parlamentarios, con la finalidad de que sea la Corte la que oriente, establezca un parámetro y emita la verdad jurídica sobre los límites, candados y sanciones en el uso de la fuerza pública.
Esta promoción, afirmó, será paralela a la solicitud planteada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que revise el contenido de la ley.
Adicionalmente, Ávila Villegas indicó que el secretario general de Gobierno ya está preparando una iniciativa para que los Ejecutivos tengan la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad.
También recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó el 31 de diciembre pasado la regulación del uso de la fuerza pública, establecer protocolos por ley para regularla y no dejarla a criterio del comandante en turno, del comisario, del elemento o del policía, porque ese escenario es el más favorable a la violación de los derechos humanos.
Derogación parcial
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhem), Baruch Delgado, adelantó que a más tardar el próximo lunes el organismo dará a conocer si promoverá alguna iniciativa de reforma o acción de inconstitucionalidad, pero aclaró que en ambos casos será parcial, es decir, sólo habrá algunas consideraciones.
Los artículos octavo —relacionado con el uso de armas letales—, 12, 14, 15, 16, 17 y 19 —del capítulo de manifestaciones, asociaciones y reuniones— son los que, indicó, se sugerirá sean derogados.
El resto de la norma, consideró, no es necesario modificarla, pues los organismos internacionales han propuesto regular el uso de la fuerza pública.
El ombudsman mexiquense precisó que a la fecha ha recibido tres solicitudes de revisión de esta norma, remitidas por parte de los partidos Acción Nacional (PAN) –que avaló la iniciativa—, Morena y PRD.
Ninguna organización civil, precisó, se ha acercado a la Comisión con esta finalidad.
“Mentiras”
Ana Yurixi Leyva, secretaria general del PRD en la entidad, acusó que el gobierno del estado mintió en busca de legitimar esta ley, al asegurar que tenía el visto bueno del alto comisionado de las Naciones Unidas y de la Codhem.
La dirigente partidista adelantó que en días próximos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) se reunirán con el alto comisionado de la ONU, con el objetivo de aclarar si el organismo respalda el ordenamiento, como lo aseguró Luz María Zarza, consejera jurídica del gobierno mexiquense.
Fuente: Por Esto!
