Gran preocupación por la seguridad de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala
CIUDAD DE MÉXICO.– Para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que revisó la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, lo más preocupante ahora es el futuro que espera a los padres de los jóvenes.
Y no sólo por la falta de justicia o de al menos avances en la investigación del crimen, sino por los potenciales riesgos de que sean sometidos a prácticas de criminalización o revictimización.
Esto, plantea el integrante del GIEI, Alejandro Valencia Villa, después de la difusión de conversaciones telefónicas que fueron interceptadas de manera ilegal tanto a padres de familia como a los coadyuvantes en la investigación.
En entrevista con SinEmbargo, los integrantes del GIEI Ángela María Buitrago y Valencia Villa hablaron sobre las características que observaron como únicas del sistema judicial mexicano y observaron que aquí, a diferencia de otros países, la “forma por la forma” burocratiza y dilata la práctica judicial, además, de que el peso que se les da a las declaraciones, dice Valencia, es enorme.
–Con los detalles de la información, si nos pudieran auxiliar un poco para ubicarnos, sobre el papel de “El Caminante”. No sé cuál sea la interpretación que hagan al margen de lo que se plasma en el expediente, de este personaje.
–Ángela Buitrago [AB] Digamos dentro de la investigación “El Caminante” es uno de los interlocutores que tienen más contacto con las personas que están inculpadas hoy en día, que son parte, se investigan en términos de tiempos y frecuencias de llamadas. Es una línea de investigación que está dentro del expediente, que debería estar dirigida toda la mirada hacia esos elementos, para poder concluir y relacionar a ese cruce de agendas que se tienen. Definir quién era, qué relaciones tenía con otros actores, a cómo todos los antecedentes de esta persona pueden llevar a muchas conclusiones dentro de la investigación.
–Alejandro Valencia [AV] Vemos que puede ser un enlace operativo importante, por eso, en los hechos.
–En el informe ustedes detallan con un diagrama con todos los que tuvo relación. Que habló hasta con Guerreros Unidos, ¿por qué no está detenido este personaje?
– [AB] Porque no se ha individualizado. No se sabe quién es.
–¿Cuál fue el tratamiento que le dio la Procuraduría General de la República (PGR) a este personaje inicialmente?
– [AB] Lo tienen como punto de observación. Ese cuadro sale a raíz que puede estar ahí y nosotros solicitamos toda la información para corroborar las líneas de investigación.
– Con respecto a toda la investigación, nos gustaría ver si ustedes podrían identificar a alguno de los funcionarios que estuvieren manipulando la investigación, ¿se podrían fincar responsabilidades aquí en México?
– [AB] Mira, nosotros somos cuidadosos: lo primero que nosotros ponemos a disposición de la autoridad mexicana son los elementos que hemos visto, pero nosotros no asignamos responsabilidades, ni en el tema de quiénes se llevaron a los muchachos, ni en ningún otro tema. La autoridad es la que tiene que investigar y fallar. Para nosotros decir ‘los hacemos responsables de’, se necesita de un juicio, una investigación y una cantidad de cosas. Pero sí ponemos de precedente que hay una serie de elementos que fueron retrasados o una interrupción que decimos nosotros a partir de enero, que significa que hay un tema que debe llamar a la reflexión en términos de por qué se hizo. Lo segundo es que en particular se encontraron unos elementos y se encuentra material gráfico y fílmico para poder llegar a un momento dado, a que por lo menos se diga y se constante que en el expediente y averiguación eso no existe. Además es evidente de que hay material que se recoge ese día que no está registrado en el expediente. Ponemos todo eso sobre la mesa para decir ‘mire, aquí tenemos estos elementos y la lectura nuestra es de que se debe investigar, saber qué pasó’. No podemos decir que quedemos satisfechos de que eso sucede y que no se haga, estamos diciendo el competente es la fiscalía y los jueces para asignar responsabilidades.
– ¿Qué papel jugó aquí Tomás Zerón [De Lucio, Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR] en la investigación con ustedes? ¿En la manipulación? Porque él estuvo ese día en el río.
– [AB] Lo que nosotros podemos decir es que el jefe de la división criminalística es él. Nosotros podemos decir es que él aparece en el video del 28 de octubre de 2014, y que por esa razón y frente la presencia del jefe máximo de la división de criminalística, pues tendría que explicarse las razones por las cuáles no hay constancia de esos actos.
– Ustedes tuvieron contacto con los más altos niveles y grupos políticos en México, que tuvieron relación en el caso Ayotzinapa. Si le pusieran nombre, ¿quién sí mostró apertura y quién se cerró? ¿Qué personas en concreto se cerraron con ustedes?
– [AB] Yo desde el campo investigativo tengo que decir que hubo una apertura por parte de la Procuradora Arely [Gómez González], por parte de la Policía Federal (PF), que nos acompañó a las diligencias en particular la división de Gendarmería y tuvimos una apertura, en términos de grupo que eso lo tenemos claro, para mí del subsecretario [Roberto] Campa.
– ¿Y quiénes se cerraron?
– [AB] Quienes se abrieron, te contesté.
– Pero mi pregunta también es: ¿Quiénes se cerraron?
–[AB] Lo que pasa es que si te estoy diciendo quiénes se abrieron, técnicamente creo que de todos modos, esos son por lo menos para mí, se lo reconozco en la parte de la apertura. El tema es que también hubo muchas cosas que no caminaron bien.
– ¿Qué cosas no caminaron bien?
– [AB] Nosotros solicitamos con mucho tiempo de antelación la entrevista con personas que estaban inculpadas por segunda oportunidad, ahí hubo un cierre completo. En el segundo mandato no hubo posibilidad de entrevistar a estas personas. Tuvimos pretensión de conocer muchas de las AP [Averiguaciones Previas] con tiempo para poder evaluar qué relación tenían con el caso, y tampoco se pudieron conocer esas averiguaciones previas. Cuando hablas en esos términos, lo que estás diciendo es puede haber buena voluntad, pero en el camino están quedando todos esos hechos que generaron ese cierre que nosotros percibimos en enero de 2016.
– ¿Hubo cerrazón del Ejército?
– [AB] Bueno eso es evidente. Hubo manifestaciones públicas del jefe de esa institución y desde el principio. Cuando nosotros intentamos entrevistar a los miembros del 27 Batallón, también solicitamos una información muy relevante para la investigación, las bitácoras, los informes de inteligencia.
– Pero todas estas cerrazones o los problemas que tuvieron en el camino, ¿provenían directamente de la PGR?
– [AB] Son áreas diferentes. El tema del Ejército no lo maneja la PGR, directamente quien se encarga de manejar eso es el Secretario de Gobierno y sobre esos elementos sale el jefe de la institución a decir que no habrá acceso, nos tacha de extranjeros, nos dice que los extranjeros no podemos entrevistar a los militares, pero más que entrevistar a los militares, era conseguir el material que podía ayudarnos en la investigación: un informe, bitácoras, documentos que tuvieran relación con el hecho. Ahí hay claro una manifestación desde el principio de que eso no va a suceder.
– Nos pueden dar una radiografía, un balance de, ¿cómo observaron este intestino del Estado mexicano?, ¿hubo pugnas?, ¿quiénes son?
– [AB] Nosotros no pudimos observar eso porque no nos metimos a la parte muy interna, de lo que tu llamas el intestino mexicano. Lo que pudimos observar desde nuestra competencia y para lo que veníamos es que sí hay una ambivalencia en determinados miembros. Qué podamos hacer un diagnóstico de Gobierno, mal lo haríamos. Lo segundo que podemos decir es que, y voy a utilizar una palabra que utilizó uno de los miembros del Gobierno, es que el Estado no es monolítico y cada uno tiene su posición, cada quien tiene una participación determinada, pero hacerlo nosotros, creo que les corresponde a ustedes que conocen realmente el manejo interno de acá.
– [AV] Lo que hicimos fue presentar unas recomendaciones como línea de diagnóstico, pero en particular más del sistema mexicano y más específica de la investigación penal en el caso como éste. Ni siquiera un diagnóstico a profundidad, es una pincelada a partir de un caso, decir qué cosas de la investigación penal mexicana nos preocupa de una manera muy general, como un abre bocas.
Las revelaciones del caso
– ¿Qué revela el caso Ayotzinapa?
– [AV] Muchas cosas y lo que hemos intentado mirar es la punta del iceberg de la desaparición forzada en este país. Revela los dilemas a los que están sometidos las víctimas, de violaciones a derechos humanos. Revela cómo es la investigación penal de un caso de derechos humanos, para nosotros es una radiografía que permite ver muchas cosas en México.
– [AB] Debe ser un modelo, no debe ser aislado, nosotros tuvimos acceso a otras AP.
– [AV] Lo que nosotros señalamos, modestia aparte, es que debe haber lecciones aprendidas, a partir de nuestro trabajo, unas lecciones aprendidas frente a estos temas: cómo hacer una investigación en materia de derechos humanos en México, cómo deben ser los criterios para atención a las víctimas, cómo se deben desarrollar las búsquedas de las personas desaparecidas.
– Ustedes hablaban de toda esta burocracia a la que se enfrentaron siendo expertos que venían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ¿qué será para un mexicano común?
– [AV] El formalismo nos impresionó mucho. Uno está acostumbrado a un sistema legal escrito, es formal, pero aquí salimos realmente impresionados de lo excesivo en muchas formas. Por eso nos sorprende tanto este episodio del video, del 28 de octubre. Aquí para que un detenido vaya a una reconstrucción de hechos se necesitan un montón de permisos, de cosas y esto que pasó acá [en el río San Juan] nos llama tanto la atención. Un caso que lo ilustra es la situación de Julio César Mondragón: cómo una diligencia de exhumación por pedir una identificación de ADN tardó tres meses. Decimos si había un grupo detrás de ellos, con toda la atención del mundo, qué será para un cuidando común que haga una diligencia de exhumación.
– [AB] Una de las garantías de un Estado democrático, es el acceso a la justicia.
– ¿Qué observaron en México que sea particular sólo a los procedimientos de la justicia mexicana, aparte de estos formalismos?
– [AB] Parto de la base de una desconfianza institucional que debe surgir de algún conocimiento, pienso yo, ha de surgir de alguna percepción en las base social.
– ¿Cómo responden cuando están haciendo una pregunta, cuando estamos tratando de investigar, qué actitud perciben?
– [AB] Primero, una desconfianza muy grande y eso lo ve uno, porque quizá nunca se entendió la verdadera dimensión de lo que quería la medida cautelar; uno. Y dos, porque somos extranjeros, eso sí nos lo han recalcado infinidad de veces, y tres: digamos que se logró con el nuevo equipo un acercamiento en ese sentido, de que se trataba de trabajar en conjunto, pero también creo, y es un tema que hay que evaluar mucho, es que una decisión de Estado debe asumirse con la connotación clara de que se aceptó. Entonces, si somos ambivalentes, pues nadie sabe qué es lo que realmente se quiere. Entonces, creo que se tendría que marcar muy claro la correspondencia entre lo que quiere quien asumió el compromiso y el resto de las instituciones, o definitivamente se asumió el compromiso en un sentido diferente al que cree que se asumió. Esas son dos cosas que se tienen que definir claramente.
–[AV] Y ha caído en lo formal; entonces, a veces todas las cosas son muy formales. Y uno dice aquí no solamente es el formalismo, aquí venimos a trabajar. También aquí el tema de la opinión pública, la imagen ante la opinión pública importa mucho a las instituciones.
–El Gobierno mexicano, ¿aceptaría que vinieran a México sólo por este asunto de la imagen internacional?
–[AB] Esa es una pregunta para el Gobierno mexicano.
–[AV] Sí, pero la presión internacional creo que sí fue un elemento capital para la constitución del grupo…
– ¿Cómo se quedan las familias? ¿Qué riesgos ven alrededor? ¿A qué debemos estar atentos?
– [AV] Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe; es decir, independientemente de nuestro informe y las recomendaciones, nos importan más ellos, porque mal que bien nosotros nos convertimos en un paraguas, ellos se sentían ya acompañados; decíamos ‘si no sólo era una labor de esperanza, sino que estamos haciendo un labor de compañía’, y pues si nos vamos y para ellos fue muy imprevista esta salida. Entonces sí, uno ve. Lo hemos visto en las reuniones, incluso unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo; es decir, sentimos que se van a sentir solos, y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización por una parte, como de criminalización por la otra, nos preocupa mucho, y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos. Es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, temor que esto pase a mayores, que incluso se agraven las situaciones estas de victimización y de pronto de seguridad, y sobre todo cuando nos pierden a nosotros. Es, digamos, un golpe duro a sus esperanza, y como que si las vías legales se empezaran a agotar y lo que nos han manifestado ellos, que si la movilización social, que si la protesta, que si tendrán que regresar a eso; y nosotros les indicamos, ‘miren, por favor no, insístanle en el caso, en las vías legales, miren la Comisión Interamericana no los quiere dejar solos, ustedes tienen unos peticionarios responsables’… Pero uno no sabe, como dijimos, hay que estar muy atentos y estar con ellos…
– ¿Estas escuchas son las que les dan estos indicios?
– [AV] Sí, justamente esos son como los radares, los focos que nos prenden las alertas, la alarmas frente a estos episodios.
– [AB] Y un punto importantísimo que creo que deberían trabajar es el tema de la visibilización de las víctimas, porque en este país están invisibles. Y con una crisis tan grave en términos de desaparición, en términos que uno ve que gracias al caso Ayotzinapa, y lo digo en el mejor de los sentidos, ojalá nunca hubiera existido, pero gracias al caso Ayotzinapa se encontraron muchísimos cuerpos de muchísimas desapariciones. Entonces, digamos que el tema es que el Gobierno sea receptivo de verdad, que dimensiones el tema pero además visibilice a la víctima. La víctima tiene que salir del ostracismo en el que la tienen, pero además de la marginación en que la tienen. Ayer había una señora en el evento que ha reclamado justicia por todas partes y el expediente ni siquiera se ha movido… Es un caso tras otro. No ha cerrado, ha aumentado y todos los días hablamos de cinco, seis, siete; ahorita el caso más reciente que ocurrió de seis personas, y yo creo que el Estado tiene que empezar a responder…. Entonces la pregunta es: no solamente son las víctimas del caso de los normalistas; ahí se representó una gran parte de lo que podrían haber hecho con las víctimas, pero las víctimas son miles de miles. Estamos hablando de 27 mil desapariciones, multiplica eso por víctimas indirectas, familias enteras, estamos hablando de cerca de tres o cuatro millones de personas, muy grave, me parece. Y el Estado, yo pienso, que sí tiene que visibilizar eso.
– ¿Sospechan que el resto de los papás o quienes han salido a la opinión pública estén intervenidos?
– [AB] Nosotros no podemos sospechar algo. Nosotros sólo hablamos cuando tenemos elementos. Pero además el tema particular es que eso se debe investigar.
– [AV] La intervención telefónica, eso debe ser con una intervención legal, judicial… A nosotros sí nos llama la atención eso: que aquí los medios de comunicación pues filtran información, incluso alguna que nosotros ni siquiera conocemos, hasta cosas del caso nosotros las conocemos por la prensa…
– ¿Y qué recomendación le dan a la sociedad civil mexicana, para que mejoremos esto?
– [AB] Que fiscalicen. El mejor secreto para la justicia es la publicidad, y el sistema democrático garantiza que el Estado se pone bajo el escrutinio de la sociedad, y ahí es donde debe reaccionar la sociedad: ‘bueno, sí, me estás diciendo esto’, y voy a poner un ejemplo, y si suena es coincidencia, por ejemplo, ‘me están diciendo que hubo 43 quemados en el basurero’, pura coincidencia, ¿qué debe hacer la sociedad? Muéstreme las pruebas. Y si las pruebas son contundentes o no, eso es un elemento.
– Exigir pruebas…
– [AB] ¡Claro! Te voy a poner el ejemplo que salió ayer: el quinto bus es una línea cerrada, y ya vi una comunicación del Estado en donde dice que el quinto bus es una línea cerrada. Yo quisiera preguntar cómo cierran una línea cuando tienes tantas dudas. Si no se sabe por qué mintieron o sí mintieron, si no se sabe si el documento sí lo escribió o no lo escribió (el chofer del quinto autobús), salvo el tema del dictamen pericial; tres, tengo cinco testigos que me están diciendo que sí lo escribió, no tengo conclusiones sobre las pruebas en Estados Unidos del FBI. Pregunta: ¿cómo cierro el caso, y cómo le agoto a la sociedad el tema de que cerré el caso?
– [AV] Lo otro es que reconozcan a las víctimas, que acompañen a las víctimas; es decir, miren más a las víctimas, eso le diría a la sociedad civil. Creo que eso es como ver a la persona que ha sido afectada, tenerla muy en cuenta, creo que eso es central…
Fuente: SinEmbargo
