Chetumal.- Dada la incertidumbre que rodea a la Ley de Movilidad que entrará en vigor el próximo 12 de septiembre, representantes del comercio ambulante en Chetumal sostuvieron una reunión en el Congreso del Estado, para manifestar su inquietud en torno a la nueva normativa y pedir que no se afecte a los vendedores ambulantes de Quintana Roo.
Lo anterior porque se ha dicho que con la nueva Ley de Movilidad existe la posibilidad de prohibir, restringir, reubicar o modificar de alguna manera el uso de banquetas en el estado, tanto para los negocios fijos como para los vendedores ambulantes.
En la reunión estuvieron presentes César Antonio Iuit Córdova, representante de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de Othón P. Blanco; María Jesús Canché, de la Confederación de Trabajadores Revolucionarios (CTR); Felipa Cocom Poot y Nelia Ávila Ancona, de la organización Emiliano Zapata; así como Julio René Medina Estrella, de la CETEN y que además encabeza la Coalición de Sindicatos Unidos del Comercio Ambulante, de la que todos ellos forman parte.
Los líderes del comercio ambulante fueron recibidos por el diputado Fernando Zelaya Espinoza, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, quien les aseguró que la Ley de Movilidad no afectará a los vendedores ambulantes de ningún municipio de la entidad.
El representante de la Coalición de Sindicatos Unidos, Julio René Medina Estrella, sostuvo que las inquietudes y el temor de sus agremiados se deriva en que sean desalojados de las calles y banquetas una vez entre en vigor la Ley de Movilidad, lo cual afectaría a miles de comerciantes ambulantes en el estado que por años se dedican a esa humilde labor para mantener a sus familias.
Por su parte, el líder de la CROC, César Antonio Iuit Córdova, dijo que en caso de aplicarse alguna prohibición, restricción o nuevas condiciones en el uso de banquetas que realizan los vendedores ambulantes, afectaría a unas 2 mil 500 familias que dependen de esta actividad en Chetumal.
Al respecto, el diputado Zelaya Espinoza reiteró que la Ley de Movilidad no tiene como objetivo afectar de ninguna forma al comercio ambulante ni alguna otra actividad económica que se desarrolle de manera lícita, sobre todo si se toma en consideración la precaria economía por la que atraviesan municipios como Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, entre otros.
Al concluir la reunión, los representantes de la Coalición de Sindicatos Unidos no quedaron convencidos, por lo que dijeron que van a esperar a la entrada en vigor de la ley el próximo 12 de septiembre para poder conocer las ventajas y desventajas de su aplicación, sobre todo en los temas que a ellos les interesa, como el caso del uso de las banquetas para negocios y vendedores ambulantes.
Si bien no existe un apartado que explícitamente hable de la prohibición o restricción del uso de banquetas, serán creados comités municipales que quedarán facultados para aplicar ciertos acuerdos y lineamientos en materia de movilidad, incluyendo ese y otros temas para facilitar el libre tránsito de las personas, explicó César Iuit.
“La ley dice que se debe mantener el libre tránsito de la vía pública, con eso podemos correr el riesgo de que nuestra gente que ocupa las banquetas puedan ser desalojadas, reubicadas o tener algún tipo de restricción o modificación en su forma de trabajo. Hay que esperar a la aplicación de la ley para saber qué tanto nos puede afectar o no, porque ante todo tenemos que proteger a nuestra gente, tenemos que proteger todas esas fuentes de trabajo y debemos cuidar sus espacios”, comentó César Iuit.
Mencionó que en caso de percibir algún tipo de afectación, los miles de vendedores ambulantes buscarán la vía del amparo y tomarán otras medidas en contra de la ley, pues no van a permitir que se dañe de alguna manera la actividad del comercio ambulante, de la cual dependen miles de familias en Quintana Roo.
“El gobierno te puede decir una cosa, pero en la práctica puede ser otra, por eso no podemos confiarnos de que la Ley de Movilidad no nos afectará. No vamos a dejar sola a nuestra gente, no permitiremos que se atente contra el trabajo de las familias, sabemos que no somos dueños de la calle, pero hemos pagado por muchos años ese derecho y lo hemos hecho sin afectar el libre tránsito. Tenemos que proteger todas esas fuentes de trabajo, porque ni los tres niveles de gobierno van a dar el trabajo o el dinero que nuestra gente necesita, además que no hay la fluidez económica ni oportunidades como para dedicarse a otra cosa”, concluyó César Iuit.