Productores chicleros de la zona maya sumaron un logro importante para esta actividad ancestral, recibieron por parte del IMPI la Indicación Geográfica de Protección al “Chicle Maya de Quintana Roo y Campeche”.
Lamentablemente, este hecho tan significativo se ve enmarcado por una serie de retos a los que los productores se vienen enfrentando desde hace ya bastante tiempo.
Directivos de la empresa Chicza y líderes de cooperativas chicleras reconocieron el apoyo que han tenido por parte del gobierno de Mara Lezama, quien ha atendido sus solicitudes y ha sido intermediario entre los productores y la SEMARNAT.
Y es que la dependencia federal mantiene un nivel de burocracia y obstáculos como la sobrerregulación forestal, que limitan el potencial de crecimiento, además de cobros para la emisión de “permisos” y estudios que van desde los 300 hasta los 400 mil pesos.
“Lo que se busca es simplificar los trámites para la extracción de chicle, y que se diferencie de los permisos destinados a la explotación maderera, porque hay regulaciones que tiene la SEMARNAT que lo que hacen es obstaculizar el cumplimiento de compromisos comerciales, limitando la capacidad de producción. Se habló con la gobernadora y se solicitó una reunión con la SEMARNAT para que se atienda este tema”.
Esta actividad emblemática e históricamente reconocida en la región, y los productores que la mantienen viva, necesitan ser respaldados y protegidos por las autoridades para que su única preocupación sea el seguir produciendo y seguir haciendo llegar el chicle maya a diversas partes del mundo. No es posible que se les esté haciendo pagar altos costos por producir y por comercializar.
Señalan también que en otros países el tema de la exportación es un tema prioritario, por lo que esperan que haya resultados positivos para esta actividad en México, y ahora más con la entrega de Indicación Geográfica, que es una herramienta que les puede ayudar a fortalecer su producción y defender su identidad en el mercado internacional.
También solicitaron que exista una instancia certificadora local que atienda las particularidades del sector y que exista una regulación, pues señalan que hay marcas europeas que comercializan productos etiquetados como “chicle natural” sin cumplir con los estándares.