El campo a nivel nacional se encuentra en emergencia, esta situación es originada por promesas incumplidas y un olvido institucional que está a la vista de todos. Hoy podemos observar un campo en una zona de fractura. Y es que nomás falta fijarse en el panorama nacional en el que los agricultores y ganaderos se enfrentan a diversos factores que les golpean y bastante fuerte.
Una producción estancada, precios a la baja, dependencia creciente de importaciones y, sobre todo, autoridades que parecen no entender la situación pues no existen políticas públicas que realmente funcionen, los recursos cada vez son menos y los instrumentos que se requieren nomás no se ven por ningún lado.
La producción nacional de granos creció apenas un 18 % entre 1994 y 2025, frente a un aumento del consumo de 147 %, ¿que se está consumiendo? Granos de fuera. La autosuficiencia alimentaria, que rondaba el 72 % hace décadas, se ha desplomado a cerca del 42 %, y al mismo tiempo, la producción de maíz que es considerado como el pilar del agro mexicano, sufrió en 2024 la peor caída en una década, y para 2025 se estima otro retroceso de alrededor del 5.6 %.
Pese a que México tiene capacidad productiva, la Secretaría de Economía sigue permitiendo la entrada de productos como maíz y azúcar de otros países, esto presiona los precios al alza para los productores nacionales y los vuelve menos competitivos, y aunque esta secretaria federal se dice abierta al dialogo, la realidad que las peticiones de los productores son echadas por la borda.
Supuestamente se ha coadyuvado, con programas, mismos que claramente han sido insuficientes, mal orientados y recortados en presupuesto. Por ejemplo, la SADER se la pasa difundiendo un “Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2025-2030” que según busca lograr la soberanía alimentaria, pero los productores siguen sin ver un apoyo real que acompañe la urgencia por la que se está atravesando.
Por otro lado tenemos a Segalmex (una empresa pública para la comercialización de granos y apoyo al sector agropecuario), que lejos de garantizar la seguridad alimentaria desde su creación nomás “no jala como debe funcionar”, hubo irregularidades, incluso una estafa, y la recuperación de su eficiencia sigue pendiente. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 15 mil 300 millones de pesos en los primeros dos años de operación de Segalmex (2019-2020). Se calcula un daño al erario cercano a los 9 mil 500 millones de pesos a cinco años del inicio del fraude. La corrupción implicó la entrega de convenios multimillonarios irregulares, el otorgamiento de contratos a empresas fachada y el uso de recursos para inversiones ilícitas, entre los principales señalados se encuentra Ignacio Ovalle Fernández, quien fue el primer director general de Segalmex. Hasta octubre de 2025, hay 27 exfuncionarios en prisión.
Está claro que los agricultores y ganaderos no sólo protestan por la falta de apoyos, sino también por el abandono institucional, y las recientes movilizaciones nacionales son testimonio de ello. Los productores siguen trabajando una agricultura poco tecnificada, con bajo presupuesto, escasa infraestructura y políticas superficiales que nomás sirven para un rato o para unos cuantos. La pobreza también sigue presente y los productores carecen de los medios necesarios para producir inclusive sus propios alimentos.
¿Por qué la infraestructura rural, apoyo técnico, comercialización y vinculación con mercados no tienen la fuerza que deberían?
A pesar de todas las necesidades que se tienen, el Congreso local nomas se hace de la vista gorda, legislaturas pasan y desde hace muchos años no ha aumentado de manera significativa la asignación para el agro, por el contrario ha disminuido, lo cual impide que el agro quintanarroense crezca, parece que desconocen las necesidades y la compleja situación que se viene arrastrando, ¿Qué se supone que están legislando?
Ya basta de discursos vacíos que cacarean autosuficiencia alimentaria mientras que cada año se resta presupuesto al agro y la ganadería a nivel local y federal, sumado al mal funcionamiento de Segalmex. ¿Cómo explican que se siga permitiendo que productos importados saturen el mercado nacional, bajen los precios del maíz y azúcar nacionales, mientras los productores nacionales se quedan sin margen de maniobra?
Quintana Roo tiene grandes posibilidades para diversificar su economía en el campo, pero como, si el presupuesto nomás no crece. ¿Cómo si no se asignan los recursos necesarios?
Y es que meramente la responsabilidad es de todos los órdenes de gobierno, pero parece que la omisión persiste entre todos. Mientras tanto los productores están abandonados y no nomás de ahora.
Y aunque algunas autoridades salgan a decir que conocen lo que está pasando, no basta con reconocer la crisis, se requieren acciones concretas como amentar de verdad el presupuesto para el agro y la ganadería, hacer que los apoyos lleguen a los productores, con eficiencia y sobre todo con acompañamiento técnico, priorizar la compra y consumo de lo nacional.
Siempre se ha hablado de modernizar infraestructura, almacenes, comercialización, transporte en las zonas rurales pero nomas ahí queda por que jamás se aterrizan verdaderos proyectos que atiendan estas añejas demandas. Hoy la crisis del campo es real, por ello es necesario que a nivel nacional se actué con decisión. Las autoridades deben tomar en cuenta que invertir en el campo no es un gasto, se trata de una inversión estratégica que beneficia en muchos aspectos a diversos sectores, del campo salen los alimentos. Hacer oídos sordos a las protestas de los productores ya no es opción.